Transcurrido algo más de un año desde que Bildu llegara a la Hacienda guipuzcoana, Xabier Olano, director de dicho departamento y candidato para la consejería de Hacienda y Economía de cara a las próximas elecciones autonómicas por EH Bildu, compareció ayer en Donostia ante los medios de comunicación para valorar el trabajo realizado hasta ahora. El balance resulta bastante positivo y destaca que en los seis primeros meses de este año, Hacienda ha detectado y remitido a los tribunales el doble de casos por posible delito fiscal, en comparación con el mismo período del año anterior.

La lucha contra el fraude fiscal es una de las principales premisas del equipo que dirige la Hacienda guipuzcoana. Por el momento, el trabajo del departamento liderado por Helena Franco está dando sus frutos. Los datos aportadas por Olano cifran en diez los expedientes tributarios en los que se ha apreciado delito fiscal.

Dichos expedientes constituyen un montante de tres millones de euros, es decir, una media de 300.000 euros por contribuyente. En esta línea, Olano aclaró que cuando se habla de fraude fiscal «no se habla de cantidades pequeñas», sino que el importe defraudado debe ser superior a los 120.000 euros para que una actuación sea considerada delito.

Ante estos datos, y aunque señaló que para hacer una valoración completa es necesario tener en cuenta los datos de todo el año, explicó que el objetivo marcado por Hacienda era aumentar entre un 10% y un 12% la cantidad del año anterior. Objetivo que -según apuntó- se está cumpliendo, incluso por encima de lo previsto.

Otro de los puntos que Olano quiso destacar es la presencia de «profesionales del derecho» entre los expedientes remitidos a los tribunales por posible delito fiscal. No obstante, no desveló la identidad de dichos profesionales por «respeto» a la ley de protección de datos y la normativa tributaria que impide su difusión pública.

Incrementos de hasta el 500%

Respecto a las actividades profesionales y económicas, Olano informó que la Hacienda foral analiza «con máximo rigor y detalle» a determinados colectivos y gremios cuyas declaraciones fiscales «llamaban la atención».

Se trata de colectivos relacionados con la sanidad, donde se han producido regularizaciones «voluntarias entre comillas» incrementándose rentas hasta niveles del 500% en algunos casos.

Olano insistió en que la afloración de posibles actuaciones irregulares son «fruto del riguroso análisis de los datos», razón por la que defendió el esfuerzo de Hacienda para terminar con el fraude fiscal.

Declaraciones voluntarias

El proceder en los casos en los que la información disponible da pie a entender que hay contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales es claro. Según explicó Olano, se inicia «de facto» con las liquidaciones paralelas, que pueden finalizar en procedimientos de inspección donde los tribunales determinarán la existencia o no de delito fiscal.

Aunque en lo que va de año Hacienda ha iniciado diez procedimientos en los tribunales, Olano incidió en que «los métodos más efectivos» contra el fraude fiscal son las campañas voluntarias de los diferentes impuestos.

En este sentido, consideró «magníficos» los resultados obtenidos en la campaña de la Renta de este año. En concreto, informó que se han registrado 393.405 declaraciones voluntarias, han sido aceptadas el 87,5% de las propuestas enviadas a los contribuyentes y se han recaudado 11,1 millones más de los previstos en un principio.

También puso en valor los resultados obtenidos tras recuperar el Impuesto de Patrimonio. Olano incidió en que ha resultado «fundamental para equilibrar la recaudación de las haciendas forales», ya que se presentaron 5.799 declaraciones voluntarias, lo que ha supuesto recuperar 35,5 millones de euros, 6,5 más de lo esperado.

Registro de contribuyentes

De acuerdo con una política centrada en poner fin al fraude fiscal, Olano recordó que Hacienda tiene entre manos otra herramienta para detectar posibles irregularidades. Se trata del registro de obligados tributarios de especial riesgo (Roter). Una especie de base de datos en las que se incluirán aquellos contribuyentes susceptibles de cometer un delito fiscal.

La norma foral para poner en marcha dicho mecanismo se tramitará próximamente en las Juntas Generales, aunque no estará exenta de polémica. Y es que PNV, PSE y PP no ven con buenos ojos su puesta en marcha pues creen que podría vulnerar los derechos de los contribuyentes.

Hacienda, por su parte, lo tiene claro: «Todas las medidas citadas son pruebas evidentes de la absoluta prioridad de la lucha contra el fraude fiscal. Seguiremos con el principio de tolerancia cero contra el fraude fiscal», concluyó Olano.