Tras 34 años ejerciendo como fiscal en Nafarroa -los últimos nueve como fiscal jefe-, el jienense Javier Muñoz vuelve a Andalucía para trabajar en el bufete de abogados dirigido por el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo. Su mandato concluía el próximo año, pero ayer ``Diario de Navarra'' publicó que adelanta su marcha con una excedencia.

Muñoz ha estado presente en todos los casos más importantes juzgados en Nafarroa en las dos últimas décadas, comenzando por el del cohecho del expresidente Gabriel Urralburu, en 1998. Su actuación se alabó, aunque el mayor mérito fue de la instrucción de Juan Manuel Fernández, hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa.

A partir de ahí, Muñoz fue ganando poder y, al mismo tiempo, acumulando polémicas. Mostró una actitud muy diferente en el juicio del llamado «caso Otano», en 2004, que logró declarar prescrito. Con ello, quedó impune y no se esclareció la procedencia del dinero de las cuentas suizas que Otano, que también había sido presidente, atribuyó al PSN.

Muñoz volvió a saltar a la luz pública al restar importancia -la calificó de «riña de vecinos»- a la muerte del panadero Angel Berrueta a manos de un policía español y su hijo tras el 11-M.

En 2009 volvió al ojo del huracán por no advertir cohecho en la actuación del exalcalde de UPN en Eguesibar, Ignacio Galipienzo, lo que derivó en una condena muy leve. Meses después rebajó la petición al joven José Diego Yllanes por matar a Nagore Laffage, alegando que estaba dispuesto a indemnizar a la familia. Abrió la puerta así a un fallo de 12 años de cárcel muy criticado.