La decisión del fiscal Pedro Rubira de recurrir la libertad condicional a Iosu Uribetxebarria es un atentado contra los derechos humanos y un cruel intento de alargar el sufrimiento del preso vasco. Argüir que el arrasatearra no se encuentra en riesgo «inminente» para su vida desnuda el ánimo vengativo que guía la actuación de quien no tiene el más mínimo respeto por la dignidad humana. Porque es eso, poder vivir sus últimos días dignamente, lo único que reclama este preso, que sufre una enfermedad grave e incurable, los requisitos legales exigidos para proceder a su excarcelación. De hecho, en base a la literalidad de la ley, hace años que Uribetxebarria y el resto de presos enfermos deberían estar en libertad.

El Estado español, sin embargo, ha dado en las últimas décadas sobradas muestras de que su propia legalidad le es indiferente cuando mira hacia Euskal Herria. Y en este caso, tanto la Fiscalía, como la forense Carmen Baena -que ni siquiera acudió a Donostia para hacer su informe, como le ordenó el juez Santiago Pedraz- y quienes desde el ámbito de la política y de los medios de comunicación les alientan, han dejado claro que es eso lo que buscan: castigo y venganza. Pero, además, a ese objetivo inherente a la naturaleza del Estado se le suma el uso que sectores de la política y de la judicatura española están haciendo de este caso de forma desvergonzada. Porque hay quienes están utilizando esta situación para saciar intereses espurios particulares, sin que les importe las consecuencias. Hace tiempo que cayeron las caretas. Sufrimiento es lo único que ofrecen.

Para impedirlo no hay otra herramienta que el compromiso, pero también la inteligencia. En este contexto la acción simbólica de ayer contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo es un sinsentido. En la cuestión de los presos políticos vascos la pelota está en el tejado del Gobierno español, tal y como sentenció el propio TEDH en el caso de la «doctrina Parot» y como ha defendido la mayoría de la sociedad vasca.