El Gobierno español, que hace medio año decía que el Estado «no podía permitirse renunciar a ningún tipo de fuente energética», parece reconocer que tendrá que prescindir de la central nuclear de Garoña, pero no porque esa circunstancia, verdadera o falsa, haya cambiado. Las dudas de Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, no se deben a motivos de seguridad, ni a su preocupación por la pérdida de empleos ni a una repentina toma de conciencia ecológica, sino a la incertidumbre acerca de la rentabilidad de la inversión que deberían hacer para alargar la vida de la central. En cualquier caso, el futuro de Garoña debe quedar claro inmediatamente. Y ese futuro no puede ser otro que el desmantelamiento de una central que hace tiempo debía estar cerrada. El Gobierno español debe asegurar ya ese cierre, sin dejar ni un resquicio a una posible continuación. Porque era y es un peligro, y en estos momentos, con el plazo que el Gobierno le dio para solicitar su prórroga agotado -un plazo que a su vez había sido ampliado-, y sin haber notificado su cierre, no solo se encuentra al margen del sentido -y del bien- común, sino también de la ley.