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El Ejecutivo del PP se resiste a anunciar el cierre de GaroŮa y critica a Nuclenor

Tanto las compañías propietarias de Garoña, Iberdrola y Endesa, como el Gobierno del PP juegan con la retórica para evitar proclamar oficialmente que la central nuclear debe cerrarse en julio de 2013, como entienden los agentes que exigen su desmantelamiento.

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El Gobierno de Mariano Rajoy revocó en el mes de julio una reforma legal que estableció que el plazo para presentar la solicitud de prórroga de la central nuclear de Garoña concluía el 5 de setiembre. Cumplida esa fecha, Nuclenor -la empresa participada al 50% por Endesa e Iberdrola- no ha formalizado la petición, por lo que la cuestión tenía que haber quedado zanjada el jueves y ambas partes debían haber dado por hecho que la planta ubicada en la muga con Euskal Herria tendrá que detener su actividad en julio del próximo año para iniciar las tareas de desmantelamiento.

No obstante, tanto el Ejecutivo español como Nuclenor parecen dispuestos a mantener la incertidumbre, al tiempo que se cruzan reproches sobre la responsabilidad de que no se haya presentado en plazo la prevista petición de prórroga.

Nuclenor ya indicó en su última nota que su intención era solicitar el alargamiento de la vida de la central, alegando que no ha podido hacerlo «ante la incertidumbre regulatoria» que, a su juicio, viene provocada por que «desconoce cómo afectarían a la central las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear» por parte del Ministerio de Industria.

Según precisó ayer EITB, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya recibió el 24 de agosto una petición de informe del Ministerio de Industria sobre la cuestión que había formulado Nuclenor para que se ampliara en dos meses el plazo para la presentación de la solicitud de prórroga. Y el CSN respondió el 31 de agosto con una negativa, lo que dio lugar a que el Ministerio de Industria emitiera el 3 de setiembre (el pasado lunes) una orden denegando el alargamiento del plazo.

Malestar en La Moncloa

El Gobierno español podía haber aclarado el panorama ayer mismo, pero su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, prefirió utilizar circunloquios en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros. «Será la empresa la que tendrá que explicar por qué ha cambiado de opinión, al menos a sus accionistas. El Gobierno actúa a petición de parte y esa parte ha decidido ahora que no le interesa esa prolongación», comentó.

Recordó que, en un principio, Nuclenor pidió una prórroga de la vida útil de Garoña y consiguió un informe favorable del CSN y, a continuación, para hacerlo posible el Gobierno de Rajoy revocó parcialmente una orden ministerial de Industria elaborada por el Gabinete de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, subrayó, «ahora dicha empresa considera que puede no estar interesada en esa renovación».

Mucho menos diplomático fue el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, al expresar el malestar que ha provocado en su partido la actuación de Nuclenor, que calificó de «irresponsabilidad» y «frivolidad absolutamente incomprensible».

En declaraciones a Europa Press, Hernando puso nombres y apellidos a quienes considera responsables máximos de la situación creada, al comentar que le parece «injustificable la decisión del presidente de Endesa, el señor Prado, y del señor Galán, de Iberdrola, que supongo que tendrán que dar explicaciones a sus accionistas sobre las razones que han motivado esta decisión que podría suponer el cierre de Garoña».

Y en cuanto a la justificación dada por las eléctricas para pedir la comentada ampliación del plazo, el dirigente del PP manifestó que «es muy preocupante que eso se pueda interpretar como un chantaje contra el Gobierno, lo cual sin duda sería muy grave».

NOMBRE y apellido

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, comentó que los presidentes de Endesa, Borja Prado, e Iberdrola, Ignacio S. Galán, deben dar explicaciones a sus accionistas por lo que tildó de «frivolidad».

La seguridad mejora, pero no evita el riesgo de accidentes

Las medidas de seguridad en las plantas nucleares en gran parte del mundo están mejorando tras el accidente de Fukushima, registrado en marzo del año pasado, aunque desastres en el sector a causa de terremotos o maremotos siguen siendo posibles. Esa es una de las principales conclusiones que presentaron ayer unos 120 especialistas de 35 estados reunidos desde el martes pasado en Viena, en la sede de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

Bajo la presidencia del argentino Antonio Godoy, los expertos y representantes de gobiernos analizaron cómo aplicar en la práctica las lecciones aprendidas del desastre. «Hoy estamos mejor que antes. Al menos conocemos lo que no sabemos. Se están dando pasos y aplicando esfuerzos para poder saber más», comentó Godoy a la agencia Efe. La reunión mantenida en la capital austriaca, que concluyó sin decisiones vinculantes, es la tercera desde el accidente de Fukushima y se integra en el llamado «plan de acción» de la AIEA para generar más seguridad. Este plan fue adoptado el año pasado de forma unánime por los estados miembros en la conferencia general. GARA

plazo de cierre

Araba Sin Garoña, ELA y EH Bildu fueron varios de los agentes que ayer reclamaron el cierre inmediato. Esa petición llegará hasta las puertas de la planta burgalesa mañana con la marcha de la Coordinadora contra Garoña.

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