El Gobierno de Mariano Rajoy revocó en el mes de julio una reforma legal que estableció que el plazo para presentar la solicitud de prórroga de la central nuclear de Garoña concluía el 5 de setiembre. Cumplida esa fecha, Nuclenor -la empresa participada al 50% por Endesa e Iberdrola- no ha formalizado la petición, por lo que la cuestión tenía que haber quedado zanjada el jueves y ambas partes debían haber dado por hecho que la planta ubicada en la muga con Euskal Herria tendrá que detener su actividad en julio del próximo año para iniciar las tareas de desmantelamiento.

No obstante, tanto el Ejecutivo español como Nuclenor parecen dispuestos a mantener la incertidumbre, al tiempo que se cruzan reproches sobre la responsabilidad de que no se haya presentado en plazo la prevista petición de prórroga.

Nuclenor ya indicó en su última nota que su intención era solicitar el alargamiento de la vida de la central, alegando que no ha podido hacerlo «ante la incertidumbre regulatoria» que, a su juicio, viene provocada por que «desconoce cómo afectarían a la central las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear» por parte del Ministerio de Industria.

Según precisó ayer EITB, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya recibió el 24 de agosto una petición de informe del Ministerio de Industria sobre la cuestión que había formulado Nuclenor para que se ampliara en dos meses el plazo para la presentación de la solicitud de prórroga. Y el CSN respondió el 31 de agosto con una negativa, lo que dio lugar a que el Ministerio de Industria emitiera el 3 de setiembre (el pasado lunes) una orden denegando el alargamiento del plazo.

Malestar en La Moncloa

El Gobierno español podía haber aclarado el panorama ayer mismo, pero su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, prefirió utilizar circunloquios en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros. «Será la empresa la que tendrá que explicar por qué ha cambiado de opinión, al menos a sus accionistas. El Gobierno actúa a petición de parte y esa parte ha decidido ahora que no le interesa esa prolongación», comentó.

Recordó que, en un principio, Nuclenor pidió una prórroga de la vida útil de Garoña y consiguió un informe favorable del CSN y, a continuación, para hacerlo posible el Gobierno de Rajoy revocó parcialmente una orden ministerial de Industria elaborada por el Gabinete de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, subrayó, «ahora dicha empresa considera que puede no estar interesada en esa renovación».

Mucho menos diplomático fue el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, al expresar el malestar que ha provocado en su partido la actuación de Nuclenor, que calificó de «irresponsabilidad» y «frivolidad absolutamente incomprensible».

En declaraciones a Europa Press, Hernando puso nombres y apellidos a quienes considera responsables máximos de la situación creada, al comentar que le parece «injustificable la decisión del presidente de Endesa, el señor Prado, y del señor Galán, de Iberdrola, que supongo que tendrán que dar explicaciones a sus accionistas sobre las razones que han motivado esta decisión que podría suponer el cierre de Garoña».

Y en cuanto a la justificación dada por las eléctricas para pedir la comentada ampliación del plazo, el dirigente del PP manifestó que «es muy preocupante que eso se pueda interpretar como un chantaje contra el Gobierno, lo cual sin duda sería muy grave».