El Ayuntamiento de Gasteiz no seguirá batallando por la vía judicial para que la central nuclear de Garoña cierre sus puertas, ya que cree que los días de esta instalación «están contados».

Así lo manifestó el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, en una rueda de prensa en la que celebró que la empresa propietaria de Garoña, Nuclenor, no haya solicitado la prórroga de la actividad dentro del plazo establecido por el Gobierno español, por lo que debería cerrarse en julio de 2013.

El Ayuntamiento de Gasteiz, por unanimidad de todos los grupos, envió un requerimiento administrativo al Ministerio español de Industria en el que se pedía que revocara la orden que permitía la ampliación de la vida útil más allá de 2013, cuando estaba previsto su cierre.

Este requerimiento fue rechazado por el Ministerio y Maroto ha decidido no continuar con este asunto por la vía judicial, «ya que podría suponer un perjuicio millonario a las arcas municipales, cuando todo indica que la central podría cerrar en 2013 después de que Nuclenor no haya solicitado la prórroga de su actividad».

La Junta de Castilla y León también se ha hecho a la idea de que la central de Garoña está abocada al cierre, según reconoció su consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, quien se confesó preocupado por el futuro laboral y económico del valle de Tobalina.

Castilla y León se hace a la idea

Villanueva se reunió ayer con ejecutivos de Nuclenor, entre los que se encontraba el director de Garoña, José Ramón Torralbo, quienes le manifestaron su voluntad de «reconducir la situación», después de que la pasada semana decidiesen no solicitar la prórroga de vida útil de la central nuclear hasta 2016.

El consejero de Castilla y León criticó la decisión de Nuclenor ya que, a su juicio, la empresa había trasladado siempre al Gobierno autonómico su voluntad e interés por hacer efectiva la posibilidad de continuidad. «La empresa -señaló Villanueva- debería haber solicitado en tiempo la prórroga de vida útil, ya que posteriormente dispondría de otros mecanismos para desistir de esa posibilidad», que obliga a los propietarios (Iberdrola y Endesa) a realizar inversiones por 120 millones de euros.

Villanueva añadió que los directivos de Nuclenor le manifestaron que la modificación del marco regulatorio del sector energético que baraja el Gobierno español no ha motivado la decisión de no solicitar la prórroga.

Greenpeace, por su parte, ha enviado una carta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la que solicita una aclaración sobre el procedimiento que va a seguir en el desmantelamiento de Garoña después de que Nuclenor no haya reclamado la prórroga de la vida útil.

De este modo, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha solicitado la aclaración inmediata de las condiciones del cierre tras tener conocimiento del cese de la explotación nuclear confirmada por el Gobierno español.

Además, este grupo ha pedido aclaraciones respecto a la información proporcionada por la Agencia Federal de Control Nuclear (FANC) belga en relación al reactor Doel-3 cuyo fabricante es el mismo que el de las centrales de Garoña y Cofrents.