El presidente del TSJPV prevé el fin de la «doctrina Parot» pese al recurso
Tras dos meses en que el Estado español ha remarcado su intención de mantener hasta el fin la «doctrina Parot», este mes la Audiencia Nacional se posicionará y el Gobierno presentará su apelación ante Estrasburgo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ve claro que el recurso no prosperará y se volverán a aplicar los criterios anteriores. Decenas de presos quedarían libres.
GARA |
Tras la sentencia del 10 de julio en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó el recurso de Inés del Río y tumbó la «doctrina Parot», el Estado español ha optado por no corregir esta práctica y mantenerla a la espera del recurso. En consecuencia, hace unas semanas ha rechazado la petición de varios presos para ser excarcelados mientras Estrasburgo delibera sobre recursos. Este mes de setiembre, al Estado se le presentan dos nuevas ocasiones de cambiar de actitud: por un lado, la reunión que celebrará la Audiencia Nacional para valorar el fallo del 10 de julio; por otro, la presentación del recurso contra la sentencia de Del Río, que habrá que ver en qué términos formula Madrid.
A la espera de ver si el Estado acomete una reconsideración de su posición que parece improbable, cada vez más voces del ámbito judicial coinciden en que se trata de una batalla perdida en términos jurídicos, de modo que finalmente el Estado tendrá que aceptar la decisión europea y anular una práctica aplicada durante seis largos años. Ayer mismo se les sumó la de Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que fue entrevistado en Radio Euskadi.
Ibarra se refirió al recurso que prepara el Gobierno español en el caso de Inés del Río y opinó que la Gran Sala, instancia superior del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, confirmará la decisión de que «el criterio de aplicación de penas es contrario al principio de legalidad penal».
En este sentido, recordó que el porcentaje de asuntos que revisa la Gran Sala respecto a las decisiones del tribunal de ordinaria es «mínimo». Además, Juan Luis Ibarra aportó el dato de que en este caso «la sala está aplicando criterios que ya tenía establecidos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
El debate, según señaló el máximo responsable del TSJPV, estriba en «si esto tiene que ver con la legalidad de la pena o tiene que ver con el régimen de ejecución de la pena». «El Tribunal de Derechos Humanos dice que tiene que ver con la legalidad de la pena -añadió- y, por lo tanto, una vez establecido el criterio por el tribunal sentenciador, la administración penitenciaria no puede modificarlo».
Según concluyó Ibarra, por lo tanto «es un debate que va a llevar a que los criterios que se aplicaban hasta 1995, revisados, van a ser los que en el futuro probablemente se van a aplicar». Cabe recordar que la «doctrina Parot» fue introducida por el Tribunal Supremo en 2006, y que desde entonces se ha aplicado a muchas decenas de presos políticos vascos. Los primeros recursos no llegaron al Pleno del Constitucional español hasta marzo, y este la validó al rechazar gran parte del primer paquete de apelaciones (diecinueve frente a solo tres aceptados).
La AN lo valora el día 20
En cuanto a los dos movimientos pendientes para este mes, el jueves de la próxima semana, día 20, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará una reunión especial para estudiar el alcance de la resolución del 10 de julio y si la aplican o no en el caso de Inés del Río. La Fiscalía lo rechaza hasta que se decida el recurso.
En cuanto a este, será presentado antes de que acabe setiembre. Por el momento, únicamente se ha avanzado que el hilo conductor del recurso será un argumento que parece muy endeble: sostener que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha incurrido en una invasión de competencias propias del Estado español al censurar la «doctrina Parot».
El último informe de Etxerat indica que 67 presos están en la cárcel por la «doctrina Parot»: 53 ya cumplen esa «prórroga» y a los catorce restantes se les impuso sin tener siquiera fecha de salida establecida.
Cuatro acusados de pegar carteles en protesta por la grave situación del preso enfermo Txus Martín en las fiestas de Basauri del pasado año reconocieron ayer, en el juicio en su contra celebrado en la Audiencia Nacional española, que fijaron fotografías de Martín en las calles de la localidad vizcaina, aunque se mostraron sorprendidos de que ello pueda ser considerado como «algo malo o ilegal».
Los cuatro acusados, que se enfrentan a una petición fiscal de un año de prisión por un presunto delito de «enaltecimiento del terrorismo», indicaron que su intención era denunciar la situación del preso, encarcelado a pesar de padecer un trastorno esquizo-afectivo. Etxerat ha denunciado recientemente que se está vulnerando incluso el protocolo que se aplica a estos presos para evitar suicidios.
También el tribunal de excepción acogió ayer el juicio contra dos personas acusadas de realizar pintadas y pegar carteles durante las fiestas de Portugalete del año 2010. La Fiscalía solicita en este caso año y medio de cárcel para cada uno.
Los dos acusados negaron los hechos e indicaron que fueron confundidos con otras personas debido a que llevaban la vestimenta típica de las fiestas. GARA
El todavía lehendakari, Patxi López, afirmó ayer que en materia de política penitenciaria «lo que hay que hacer es aplicar la ley», y añadió que ello habría «ahorrado muchas cosas» y también «algunos disgustos» en las filas del PP en el caso del preso gravemente enfermo Iosu Uribetxebarria.
En una entrevista concedida a Punto Radio, Patxi López declaró que si se aplicara la ley, y en consecuencia el preso de Arrasate «obtiene el tercer grado o sale excarcelado, lo que se demuestra es la superioridad ética, moral y humanitaria del Estado de Derecho». A su entender, «en vez de convertirse en un problema, debería hacernos sentir incluso orgullosos de nuestro ordenamiento, de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho».
Por otro lado, hoy expira el plazo de 24 horas que el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, otorgó mediante una providencia a los 18 miembros de la Sala de lo Penal. Les ha preguntado si lleva al Pleno -tal y como solicitó el fiscal Pedro Rubira «teniendo en cuenta la importancia y complejidad de las cuestiones que suscitan»- el recurso de apelación que se ha interpuesto contra la libertad condicional de Uribetxebarria.
En caso de no alcanzarse mayoría entre los magistrados -se necesitan como mínimo los votos de diez-, resolvería la sección primera, que es la encargada habitualmente de todos los asuntos de Vigilancia Penitenciaria. «Para el supuesto de que no se alcance la citada mayoría se llevará a cabo la deliberación por esta sección -primera- de manera inmediata», es decir probablemente hoy mismo, según subraya Grande-Marlaska en su escrito.
Por contra, en caso de que diez o más magistrados votaran para que sea el Pleno quien decida sobre la libertad condicional de Uribetxebarria, la deliberación se ha fijado para este jueves. GARA
