EEUU transfiere a Kabul la gestión del «Guantánamo afgano»
Estados Unidos transfirió ayer a las autoridades afganas la responsabilidad de la prisión de Bagram, conocida como el «Guantánamo afgano», en el marco de un acuerdo que afecta a 3.000 detenidos, pero deja sin decidir la suerte unos 600 más, cuyo control, al igual que el derecho a detener afganos, se siguen reservando las fuerzas ocupantes de EEUU, una de las discrepancias con su Gobierno aliado de Kabul.
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«Hoy somos testigos de una ceremonia gloriosa que marca la transferencia de la gestión de los prisioneros afganos a los mismos afganos», se felicitó el ministro de Defensa del país, Enayatulah Nazari, durante un acto en la prisión de Bagram, a unos sesenta kilómetros al norte de Kabul, para celebrar el traspaso de su gestión de las tropas estadounidenses a las autoridades de Afganistán.
Más de 3.000 detenidos han pasado a ser en adelante responsabilidad de las autoridades afganas, precisaron Safiulah Safi, comandante de la Policía Militar afgana, y el coronel Robert Taradash, responsable de las tropas estadounidenses en la provincia de Parwan.
Numerosos combatientes y supuestos responsables talibán o de Al Qaeda están encerrados en esta prisión, creada hace una década junto a la inmensa base militar estadounidense del mismo nombre y que, a ojos de muchos afganos, se ha convertido en el símbolo de la ocupación.
La transferencia ratificada ayer es el fruto de intensas negociaciones que comenzaron en enero, cuando empezaba a vislumbrarse un proyecto de conversaciones entre los talibanes y Estados Unidos. El presidente afgano, Hamid Karzai, que según varias fuentes, se sentía excluido de ese diálogo, reclamó a Washington el rápido traspaso del control de la prisión.
Finalmente, se alcanzó un acuerdo el pasado 9 de marzo, que preveía el traspaso de los presos de Bagram al Gobierno afgano. Además, se convirtió en una de las condiciones impuestas por Kabul para firmar un acuerdo de colaboración estratégico a largo plazo con Estados Unidos. Al aproximarse la retirada, a finales de 2014, de la fuerza ocupante de la OTAN que apoya al frágil Gobierno de Karzai frente a la insurgencia talibán, el traspaso del control de la prisión es, sobre todo, simbólico, según numerosos analistas que subrayan las persistentes divergencias entre Washington y Kabul sobre las modalidades de su acuerdo.
El traspaso no es total
El destino de más de 600 presos que llegaron a Bagram tras el 9 de marzo sigue siendo también incierto, porque el acuerdo solo afectaba a los 3.100 que estaban detenidos entonces. Entre estos 600 figuran 50 que no son afganos y que podrían permanecer encarcelados indefinidamente sin una razón clara. «Estados Unidos mantendrá el control de dos grupos», los no afganos y los arrestados tras el 9 de marzo», confirmó James Graybeal, portavoz de la OTAN.
Según algunas fuentes, los estadounidenses recelan de una transferencia total al temer que presos relevantes sean liberados por Kabul por razones políticas o por corrupción. Otra de las discrepancias estriba en que, según los afganos, desde ayer las tropas extranjeras no tienen el derecho de interrogar y detener a ciudadanos afganos.
Ahora bien, Washington considera que tiene todavía derecho a capturar a protagonistas del conflicto, ya que el acuerdo del 9 de marzo se refería solamente a 3.100 presos en Bagram. Ayer mismo, el secretario de Defensa de EEUU, Leon Panetta, habló con el presidente afgano para intentar que acepte el traslado de varios presos en EEUU a la prisión de Bagram.
Según Abdul Waheed Wafa, analista y director del centro afgano en la Universidad de Kabul, «todo el mundo sabe que las autoridades afganas no tienen la capacidad de gestionar la prisión de Bagram». Organizaciones de defensa de los derechos humanos y expresos temen que los casos de tortura, de los que ya han alertado durante varios años, se multipliquen bajo la gestión afgana.
Por otro lado, el Pentágono informó ayer de la muerte de un preso en Guantánamo el pasado sábado, sin aportar más detalles sobre su identidad o las circunstancias de su muerte.
Un atentado kamikaze durante una manifestación en Kunduz, una ciudad en el norte de Afganistán, mató ayer a 15 personas. El Ministerio afgano del Interior informó de que siete policías y ocho civiles, entre ellos mujeres y niños, murieron en un ataque talibán y lo describió como ,un «acto inhumano y antiislámico» cometido por «los enemigos de Afganistán»
El ataque ocurrió en la plaza principal de la ciudad, cerca de una unidad de camiones de la Policía antidisturbios. La explosión dejó esparcidas por el suelo piezas de equipo militar, fusiles kalashnikov y escudos, así como turbantes, sandalias y miembros humanos.
«La gente estaba empezando a unirse para iniciar la manifestación. La Policía trató de dispersarlos. Vi un pasar un camión de Policía y, de repente hubo una explosión enorme y apareció una gran columna de humo» , dijo Abdul Sabor, un comerciante. «Y vi un montón de gente y policías cubiertos de sangre», añadió.
La provincia de Kunduz es una de las más inestables del norte de Afganistán, aunque los ataques talibán se concentran en el sur y el este del país. El 14 de agosto una bomba en un mercado mató a 11 personas. La insurgencia está lejos de ser derrotada y los talibán negaron ayer que tengan interés en entablar conversaciones de paz con las autoridades afganas para negociar, entre otras cuestiones, la posible presencia de militares de EEUU, como había publicado el «think tank» británico Royal United Services Institute, que afirma que podrían estar dispuestos a compartir el poder. Un portavoz talibán, Zabihula Mujahid, tachó de mentira el informe. GARA
«Estamos usando todas nuestras fuerzas para deshacernos de él, ya sea asesinándolo o secuestrándolo», declaró el portavoz de los talibán, Zabihula Muyahid, sobre el príncipe Enrique, el nieto de la reina británica Isabel II, que se encuentra en Afganistán.
