Bilbao dará hoy a conocer sus recetas contra la crisis mientras retrasa pagos
El descenso en la recaudación de la Hacienda vizcaina comienza a reflejarse en algunas decisiones adoptadas por el Ejecutivo que preside el jeltzale José Luis Bilbao, como la orden dada a los departamentos para que no se tramitasen gastos nuevos no comprometidos. A la espera de que hoy el diputado general explique en el primer pleno de política general de la legislatura en Gernika cómo abordará la crisis, se aventuran recortes en la ejecución del presupuesto foral.
Agustín GOIKOETXEA |
Que el presupuesto de 7.134,6 millones de euros -un 1,65% menos con respecto a 2011- no se ejecutará en su totalidad, es un secreto a voces en la Diputación vizcaina. Lo avala el continuado descenso de los ingresos en las arcas forales y órdenes como las que han circulado en los últimos meses en los distintos departamentos sobre la ejecución presupuestaria.
En julio, por poner un ejemplo, los responsables de Cultura remitieron una comunicación al personal adscrito para que no tramitasen gastos nuevos no comprometidos en agosto. En una breve explicación, se apunta a que no saben «dónde nos van a poner el límite de ejecución del presupuesto».
Se añade que, con esta decisión de índole contable, no se superarán los plazos de tramitación de facturas y lo que destaca sobremanera es el llamamiento a que no se ejecuten «gastos innecesarios». Asimismo, se avanza que tras el periodo estival se darán nuevas instrucciones.
Esta información ha transcendido mientras José Luis Bilbao y su equipo han dejado a un lado su habitual locuacidad cuando hablan de la situación financiera de la institución para optar por escuetos comentarios o por informaciones parciales. Una de ellas es la que ayer, la víspera de la declaración pública del diputado general en Gernika, transmitió el Departamento vizcaino de Haciendas y Finanzas sobre «la regularización de prácticamente la mayoría de operadores del sector de máquinas recreativas», que ha sacado a la luz 21 millones de euros en fraude durante los últimos cuatro años.
La inspección sobre 85 empresas y 42 personas físicas destapa los 21 millones de euros defraudados, lo que sirve a la Diputación para recordar que en 2011 logró aflorar una estafa de 560 millones a su hacienda, remitiendo 16 informes de presuntos delitos a la Fiscalía y se intercambiaron con otras admi- nistraciones tributarias más de 49 millones de datos de contribuyentes vizcainos.
La noticia es el «aperitivo» a la sesión de hoy en la Casa de Juntas de Gernika, donde a partir de las 9.30 José Luis Bilbao hará un balance del inicio de su tercer mandato al frente del Gobierno foral con reflexiones en las que la crisis económica y sus propuestas para la recuperación marcarán su discurso, destacando las recetas a aplicar en el ámbito tributario, la lucha contra el fraude fiscal o el mantenimiento de las políticas sociales.
Nuevo sistema fiscal
Quien lo tiene muy claro es Bildu y ayer en rueda de prensa volvió a exigir a José Luis Bilbao que exponga, si la tiene, su reforma fiscal, especialmente después de que el propio presidente del PNV y aspirante a lehendakari, Iñigo Urkullu, haya hablado sobre su necesidad.
Tras recordar que Bilbao pactó sus políticas económicas con el PP, los junteros Irune Soto y Joseba Gezuraga quisieron dejar claro que estas no sirven para afrontar la «difícil» situación, ya que han acarreado un aumento del endeudamiento de la Diputación vizcaina, el mantenimiento de un sistema fiscal «regresivo, que no ha perseguido el fraude fiscal con el rigor que debiera», sin olvidar la hipoteca que suponen grandes infraestructuras como la Supersur impulsadas por los jeltzales mientras se han aplicado recortes en los servicios sociales.
La primera fuerza de la oposición le exige que tome ejemplo de Gipuzkoa, donde la recaudación ha aumentado porcentualmente respecto a Bizkaia y Araba. En primer lugar, exige que se apueste por el principio de progresividad para que las rentas altas paguen más, así como por la rebaja del umbral a partir del que los grandes patrimonios deben tributar; ahora por encima de los 800.000 euros.
«La modificación de estas medidas es totalmente factible y tendría repercusión directa a corto plazo en la recaudación», subrayaron. Además, desde la coalición soberanista de izquierda solicitaron ser «mucho más contundente» en la persecución del fraude fiscal, al estimar que no se actúa contra las grandes empresas y fortunas.
«Tenemos muy claro que es prioritario crear un sistema fiscal más justo y progresivo. Mejorar el actual sistema -defienden desde Bilbu- no es una labor complicada, siempre y cuando haya voluntad política para ello».
«El PNV y el señor Bilbao tendrán que decidir si seguirán acordando políticas neoliberales con el PP y si como hasta ahora seguirán defendiendo un sistema fiscal regresivo e insolidario», señala la coalición soberanista.
La nueva portavoz de Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia, Irune Soto, no ocultó la indignación de su grupo porque el diputado general no se haya reunido con los alcaldes de varios ayuntamientos en situación crítica. Tachó de «totalmente irresponsable» la actitud de José Luis Bilbao hacia los representantes municipales, especialmente cuando necesitan del apoyo foral.
Más tarde, a preguntas de los periodistas, el apoderado Joseba Gezuraga desveló que los consistorios afectados -algunos en situación de quiebra como Dima y Urduña- trabajan en la elaboración de los planes de gestión que deberán presentar a la Diputación para recibir la financiación necesaria con la que afrontar los pagos pendientes a proveedores. El portavoz segundo de la coalición en la Cámara foral quiso aclarar que no todos los municipios se encuentran en una situación extremadamente delicada que les obligue a solicitar un «rescate», aunque apostilló que otros, como Bakio y Bermeo, deben asumir ahora el fracaso del modelo de gestión del PNV.
Los soberanistas de izquierdas no solo se fijan en la situación financiera de los ayuntamientos, también de la propia Diputación vizcaina endeudada para acometer grandes infraestructuras como la Supersur, de las que dijeron «no responden a una demanda social y sí suponen un enorme lastre para las cuentas de los próximos años». Soto y Gezuraga propusieron que «cuanto antes» se ponga en marcha un debate «para decidir cómo se va a gestionar esa deuda y de dónde se deben tomar los recursos necesarios». A.G.
