La secretaría de Salud Laboral de CCOO de Euskadi desveló ayer que el pasado 4 de setiembre se produjo el fallecimiento de J. L. N. D., a los 67 años de edad, víctima de un mesotelioma pleural, enfermedad derivada de la exposición al amianto en la empresa Vicrila de Lamiako (Bizkaia). Según los datos de la central sindical, trabajó en la empresa fabricante de envases de vidrio desde 1973 como peón hasta su posterior jubilación.

Según CCOO, tras lograr la incapacidad absoluta en 2011 por enfermedad profesional, Mutualia recurrió la resolución mostrando, a juicio del sindicato, «un inhumano desprecio al enfermo, afirmando que no quedaba probada la exposición al amianto que le ha llevado a la muerte».

Con esta muerte, las víctimas por amianto en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa suman 20 en lo que va de año, según los datos de la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi (Asviamie). Desde 2008 esta asociación registra los fallecidos y suman ya 96 trabajadores del trcio autonómico. Es una cantidad importante, aunque como reconocen sus miembros «una pequeña porción de la verdad de este problema, que se oculta a la realidad para esconder el daño grave que ha producido ese mineral cancerígeno en nuestras empresas, pero también en los miles de productos en los que se utilizó».

En 2012 el CEPROSS (Comunicación de Enfermedades Profesionales Seguridad Social) ha registrado, a nivel estatal, 36 cánceres profesionales, de los que 27 son por amianto.

Esta cifra, según aseguró Jesús Uzkudun, responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, solo representa «el 5% de los realmente existentes y que mayoritariamente quedan ocultos por las maniobras de las mutuas a nivel estatal y, además, por la pasividad de Osakidetza en Euskadi». Así, a juicio de Uzkudun, «resulta escandaloso que Osakidetza corra con gastos que corresponden a las mutuas -cuando se estima en 40.000 euros el coste sanitario de un cáncer-» y exigió «la reacción de los profesionales sanitarios y de toda la sociedad para evitar el deterioro de la sanidad pública a nivel económico».

Comisión sin resultados

Por otra parte, el fin de la legislatura de Patxi López deja sin efecto, de momento, la comisión que se había creado en el Parlamento autonómico en relación a la creación de un fondo de compensación del amianto. Osalan utilizó esa vía como «escaparate» de que se estaba realizando algo. Sin embargo, no sigue adelante a la espera de que la próxima Cámara legislativa retome el asunto.

La prioridad en este momento, según aseguraron desde Asviamie a GARA, es garantizar ese fondo económico para los afectados y a la vez «activar» todos los controles de vigilancia específica de la salud sobre todos aquellos que un día trabajaron con amianto.

Se calcula que en la CAV fueron no menos de 30.000 trabajadores, pero los registros de Osalan solo cuentan con menos de 6.000 trabajadores y «a todos no se les realiza el control exhaustivo para conocer si reproduce el cáncer».