El presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, afirmó ayer durante la apertura del Año Judicial que la judicatura «asume» la responsabilidad de ser el «contrapunto de reequilibrio» para conseguir que, tras la reforma laboral, siga habiendo una tutela efectiva de los derechos socioeconómicos. Añadió que la reforma ha supuesto un «neto reforzamiento del poder individual del empresario» sobre los trabajadores al eliminar la autorización previa de las administraciones a los ERE. Opinó que la reducción del déficit no legitima la merma del sistema de garantías jurídicas y abogó por el papel de la justicia para proteger a los trabajadores.