Trece jóvenes militantes de Ikasle Abertzaleak encaran mañana, coincidiendo con la huelga general convocada por la mayoría sindical vasca, un juicio por los incidentes acaecidos el 31 de enero de 2008, durante un claustro de la UPV-EHU. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro meses por un delito de «desórdenes públicos», a pesar de que, como ellos mismos relatan, «la protesta se hizo de manera pacífica, portando únicamente carteles y gritando».

Ikoitz Arrese e Iraide Lejarreta son dos de esos trece jóvenes que aquel día mostraron su rechazo al listado de sanciones que pretendía imponer el Rectorado de la UPV y, en general, a la aplicación del Plan Bolonia en esta universidad.

Ambos jóvenes se muestran «tranquilos y confiados» ante el juicio de mañana, sabedores de que actuaron «con toda la legitimidad del mundo», por lo que esperan la absolución.

La protesta por la que serán juzgados se enmarcó en un proceso de lucha contra el Plan Bolonia encabezado por Ikasle Abertzaleak que, junto a otros agentes estudiantiles, llevaron a cabo desde el año 2005 con distintos paros, huelgas y manifestaciones, como la que consideran «histórica» marcha que el 20 de diciembre de 2007 reunió a más de 4.000 personas en el campus de Leioa.

Por todo ello, Arrese y Lejarreta comentan a GARA que mediante este juicio «se pretende criminalizar a todo el movimiento de oposición a Bolonia» y, de paso, «mandar el mensaje `ejemplarizante' de que luchar por nuestros derechos puede salir caro».

Contra el modelo neoliberal

Con la perspectiva que da el paso de los años, ambos jóvenes analizan aquella lucha: «Fue muy positiva. Se consiguió aglutinar a diferentes sensibilidades para hacer frente a un modelo privatizador, neoliberal», apunta Arrese. «Conseguimos construir una especie de muro contra aquella decisión, logramos transmitir el mensaje de `estamos aquí, no nos vais a pasar por encima'», añade Lejarreta.

Por ello, ambos militantes convergen en que este juicio tiene mucho de «aleccionador y simbólico», aunque sea en el mal sentido de la palabra.

En ese sentido, critican al actual rector, Iñaki Goirizelaia, y a su equipo, a los que responsabilizan de «imponer el Plan Bolonia, en vez de buscar el diálogo con todos los agentes estudiantiles», y hacerlo, además, «con métodos de represión nunca antes vistos».

El mayor exponente de esa represión es, en su opinión, el listado de sanciones antes citado y decisiones como «facilitar, dar vía libre a la Ertzaintza para que controle y actúe en la Universidad como les venga en gana, utilizando para ello cámaras o accediendo directamente a los datos de los estudiantes». Y esto, a juicio de Arrese y Lejarreta, «deja muy a las claras que tenemos cada vez más fuerza, que nos temen».