El caso de Iosu Uribetxebarria ha puesto en primera plana la situación de los presos vascos y no deja de generar posicionamientos. Ayer fue la Asociación de Juristas Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH, por sus siglas en inglés) la que abordó el tema en un comunicado en el que considera la negativa del Gobierno español a liberar presos con graves enfermedades y a quienes se aplica la «doctrina Parot» como una violación de la legislación española e internacional.

ELDH, asociación progresista que reúne a juristas de diecisiete estados europeos, insta por tanto al Ejecutivo del PP a la derogación de la doctrina que facilitó el alargamiento de condenas -ahora desautorizada por Estrasburgo- y a la puesta en libertad de los presos a los que se les ha aplicado. Consideran que con el mantenimiento en prisión de estas personas se está violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Junto a ello, ELDH manifiesta su preocupación ante el mantenimiento en prisión de presos con enfermedades graves e incurables y urge a su liberación.

«No hay derecho»

Mientras tanto, asociaciones como la AVT presionan para evitar cualquier cambio en la actual política carcelaria. Ayer, su presidenta, Ángeles Pedraza, increpó en público al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que concedió el tercer grado a Uribetxebarria.

Ambos fueron presentados por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en un acto en Madrid. «Encantada de conocerte pero, con todo el respeto, no hay derecho a lo que nos han hecho», le reprochó Pedraza al magistrado.