La última vez que recuerde que se tomara el Congreso fue en el golpe de Estado», afirmó ayer María Dolores González de Cospedal, secretaria general del PP, en referencia a la iniciativa «Rodea el Congreso», que tendrá lugar hoy en los alrededores de la Cámara Baja. En la misma línea, Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno español en Madrid, volvía a arremeter contra la propuesta tratando de vincularla con la «extrema derecha». Diferentes representantes de la derecha española calentaban así las horas previas a la convocatoria después de que el Ministerio del Interior haya lanzado varias operaciones de criminalización. Una escalada que comenzó con la detención de cuatro personas por enarbolar una pancarta y que ha continuado con ocho citaciones en la Audiencia Nacional española. Pese a ello, los convocantes mantienen sus previsiones. Y el gran interrogante está en saber cuánta gente se sumará a una marcha que nació con dudas pero que ha generado fuertes expectativas. Las primeras, las del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha dado orden de blindar el Congreso y ofrece muestras de preocupación por el hecho de que el enfado contra su política de recortes llegue hasta los propios diputados.

Ayer, a última hora de la tarde, el ambiente en los exteriores de la Cámara no reflejaba la tensión de los últimos días. Varias furgonetas custodiaban los accesos pero, por el momento, la cuesta de San Jerónimo era todavía accesible. No obstante, se nota el nerviosismo. De hecho, hasta los diputados y trabajadores del Congreso han recibido una comunicación interna por la que los servicios internos les instan a portar sus credenciales a la vista durante toda la jornada. El Gobierno no se siente cómodo con una protesta que marcará el inicio de un previsible «otoño caliente» condicionado por los recortes y la posibilidad, cada vez más cercana, de que el Estado español pida un rescate, lo que implicaría más hachazos supervisados por la Troika.

La estrategia del Ejecutivo para enrarecer el ambiente comenzó el pasado 15 de setiembre. Aquel día, cuatro personas fueron arrestadas durante la gran concentración convocada por la Cumbre Social. Portaban una pancarta en la que se llamaba a tomar parte en la protesta de hoy.

Citaciones en la Audiencia Nacional

El hostigamiento policial y judicial no quedó ahí. Por la tarde, el colectivo promotor celebraba una asamblea en el parque del Retiro cuando irrumpieron varios agentes antidisturbios que procedieron a identificar a los asistentes. De nada sirivieron las protestas de alguno de los miembros del grupo, experto en leyes, que defendía la legalidad del encuentro. Finalmente, ocho de los activistas han recibido una citación para declarar el próximo 4 de octubre ante el magistrado de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz. El magistrado les imputa «la comisión de un delito contra Altos Organismos de la Nación».

A estos ataques directos se les suma el desalojo del Centro Social Ocupado Casablanca. El pasado jueves, unidades de la Policía española irrumpieron en el local pese a que la vía judicial contra el emblemático espacio estaba paralizada. Es decir, que ni siquiera contaban con autorización judicial.

Pese a todo, la marcha sigue en pie. Después de semanas de debates, crece la sensación de que los ataques lanzados desde policía y jueces han provocado un efecto boomerang, aumentado por la aplicación práctica de los recortes, como la subida del IVA. La incógnita está en su capacidad real de convocatoria, algo que se despejará hoy.