El grupo municipal de Bildu en el Consistorio de Gasteiz afirmó ayer que el sobrecoste de las viviendas edificadas por la constructora Lagunketa en la parcela RCP10 de Arkaiate son fruto de una serie de irregularidades que «pueden tener graves consecuencias para los bolsillos de todas y todos» los vecinos de la capital alavesa.

En un comunicado, Itziar Amestoy recordó, como ya hicieran los propietarios afectados hace una semana, que el sobrecoste de 1,6 millones de euros afecta a 188 viviendas. Y advirtió de la existencia de documentación falsa en la escritura de compraventa realizada en el año 2009 entre Ensanche 21 y Lagunketa.

Según explicó, en la documentación atribuida a la sociedad urbanística, se detalla que el precio a cobrar por la viviendas es el vigente a los nueve meses y un día a partir de la notificación. Una decisión, firmada por Patxi Lazcoz (PSE), que perjudica a los adjudicatarios, a cada uno de los cuales se les ha impuesto un sobrecoste de 9.000 euros.

Para tratar de solucionar esta situación, el portavoz de la coalición soberanista, Kike Fernández de Pinedo, solicitó ayer la puesta en marcha de una comisión especial de investigación que «dirima todas las responsabilidades». «Pedimos una comisión con luz y taquígrafos. No puede ser que, por el error de algunos, todos paguemos 1,6 millones de euros», añadió.

Por su parte, los vecinos de Arkaiate, agrupados en la asociación Salburua Burdinbide, felicitaron a Bildu por corroborar lo ocurrido en la zona este de Gasteiz y mostraron su asombro por ver «cómo a principio de año todo el Consistorio al completo cerraba filas en este tema y ahora, después de contratar un abogado y recabar la información por vía judicial, todos los partidos se apuntan al caballo ganador».

Privatización de Amvisa

Por otro lado, los grupos municipales del PNV y del PSE denunciaron ayer que el equipo de gobierno local, en manos del PP, ha realizado varias «maniobras» que tienen por objeto privatizar Amvisa, la sociedad pública encargada de gestionar el agua en la ciudad.

Dichas «maniobras» se basan en la elaboración de dos estudios, valorados en más de 38.000 euros, para comprobar la viabilidad de constituir una sociedad económica mixta que se encargue de la gestión del servicio público de aguas.