CATALUNYA SE JUEGA SU FUTURO
El Parlament aprueba convocar una consulta de autodeterminación
El Parlament de Catalunya cerró ayer el debate de política general con la aprobación de una resolución que insta al Govern a impulsar una consulta por la independencia «prioritariamente» en la próxima legislatura. El texto, pactado por CiU y ERC, recibió el apoyo de ICV-EUiA y SI, el rechazo frontal del PP y la abstención de un PSC que, en su propuesta de resolución, abrió la puerta a la convocatoria de una consulta sin autorización del Estado.
Beñat ZALDUA |
La consulta por la independencia de Catalunya cuenta ya, desde ayer, con un mandato parlamentario. En la última sesión de un debate de política general marcado por el adelanto electoral, el Parlament aprobó una resolución pactada por CiU y ERC en la que se insta al siguiente Govern a convocar «una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura».
El texto recibió el apoyo de los diputados de ICV-EUiA, SI, Joan Laporta y el díscolo diputado del PSC Ernest Maragall, sumando un total de 84 votos a favor. Los votos en contra se quedaron en 21 -PP y C's-. Es decir, solo el 15% del arco parlamentario se opuso a una consulta.
La resolución, que comienza felicitándose por «el enorme éxito conseguido en la masiva manifestación del 11 de setiembre», explica que durante los últimos 30 años «una parte muy importante del catalanismo se ha comprometido a fondo con la transformación del Estado español». Pero prosigue señalando que «los intentos de encaje de Catalunya en el Estado español (...) son hoy una vía sin recorrido», tras lo cual concluye que «Catalunya debe iniciar su transición nacional basada en el derecho a decidir».
Tras el análisis del contexto, la resolución continúa: «El Parlament insta al Govern de la Generalitat y a las fuerzas políticas y los agentes sociales y económicos a impulsar el máximo consenso posible, con el objetivo de llevar a cabo este proceso democrático y la hoja de ruta consiguiente, con diálogo con la comunidad internacional, la Unión Europea y el Gobierno español, con el objetivo de que la ciudadanía de Catalunya pueda determinar en un marco de plena libertad».
La resolución aprobada pone letra a la música entonada en los últimos días por Mas, que el miércoles ya dijo que la consulta se haría tanto de manera legal como ilegal. También es un primer paso en la negociación que los partidos soberanistas tendrán que iniciar para llevar a buen puerto el proceso. Esquerra intentó presionar para poner fecha a la consulta, algo que CiU prefería evitar y que finalmente salvaron con la fórmula «prioritariamente en la próxima legislatura».
La falta de una fecha es, entre otras cosas, el motivo por el cual ICV-EUiA y Solidaritat prefirieron no firmar el texto, manteniendo en sus propuestas un calendario concreto para la celebración de la consulta. Pese a ello, finalmente votaron a favor del texto conjunto. De esta manera, la legislatura más corta de la historia del Principat se cerró con la ovación de los diputados favorables y de la delegación de la Assemblea Nacional Catalana presente en el hemiciclo.
Pequeño amago del PSC
Que el PSC sigue siendo un polvorín lo demuestra la ruptura de la disciplina de voto por parte de Ernest Maragall, que votó a favor, y de Higini Clotas, que simplemente no votó. Pero algo esta foramción empieza a moverse. Tras tres horas de tensa reunión, el grupo parlamentario del PSC decidió abstenerse en la votación final, pero en su propuesta de resolución abrió la puerta a la celebración de una consulta aunque no tenga el aval del Estado. De esta manera, los representantes del PSC estarían de acuerdo con convocar una consulta una vez que el Parlament apruebe la Ley de consultas no refrendarias -en trámite-. Está por ver el recorrido de la propuesta y, sobre todo, la respuesta de Ferraz
De la misma manera que el panorama en el Principat empieza a definirse, también lo hace la respuesta española, que en los últimos días ha elevado el tono de su amenaza ante el rumbo que toman los acontecimientos en Catalunya.
Ayer fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que abandonó el tono tibio de las declaraciones gubernamentales para pasar a la acción, al señalar que «no sólo existen instrumentos para evitar una consulta independentista, sino que el Estado está dispuesto a usarlos». «La consulta sería inconstitucional, lo que conllevaría la suspensión automática de la decisión de convocar el referéndum. Es decir, se va directamente al Tribunal Constitucional y se suspende la convocatoria de ese referéndum con que solo lo pida el Gobierno en su escrito» sentenció Sáenz de Santamaría minutos antes de que el Parlament aprobara convocar la consulta.
Por la mañana, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya había asegurado que «el Estado utilizará todos los instrumentos que tiene a su alcance para evitar que (Mas) cometa una ilegalidad».
Recogiendo el guante lanzado por una asociación de militares ultra y por el editorial de Pedro J. Ramírez en el diario «El Mundo'» -que ayer pidió una modificación penal para encarcelar a Artur Mas si convoca un referéndum-, la presidenta castellano-manchega añadió que no descartan tipificar como delito la convocatoria de una consulta sobre la independencia. B.Z.
