Nos gustaría puntualizar públicamente las manifestaciones también públicas de don José Ignacio Munilla (Santuario de Arantzatzu, 9 de septiembre) respecto a la excarcelación del preso político vasco Iosu Uribetxebarria.

Su homilía de aquel día rompió un inexplicable silencio anterior; conducta poco habitual en una persona que con tanto ardor y premura ha defendido los derechos de otras víctimas. Se refiere en su alocución a la actuación de los miles de personas que se han movilizado para defender los derechos de Iosu y del resto de presos aquejados de enfermedades graves o incurables. Descalifica la actuación de todas ellas haciendo un injurioso juicio de valor. Les niega cualquier preocupación en la defensa de los derechos humanos y reduce sus exigentes compromisos a una manipulación del caso a favor de determinados intereses políticos. No creemos, por el contrario, que sea instrumentalizar el sufrimiento ni los principios humanitarios el defender los derechos de los presos a una adecuada atención médica y el que aquellos que sufren enfermedades graves e incurables sean excarcelados en cumplimiento de la actual legislación penitenciaria.

En un segundo párrafo, poco aireado por la prensa, Don Ignacio Munilla se dirige a los sectores que se oponen a la excarcelación, recomendándoles que cambien el odio por la magnanimidad. Tampoco compartimos este planteamiento supuestamente conciliador. Lo que la sociedad espera no es magnanimidad sino justicia en el cumplimiento ajustado de la ley. A Iosu se le aplicó la legislación española cuando fue detenido y se le debe aplicar la misma legislación en las circunstancias actuales. Tanto el Código Penal como el Reglamento Penitenciario contemplan la excarcelación de un preso cuando se cumplen las condiciones que se dan en este caso: enfermedad grave e incurable avalada por un informe médico. Nadie, ni siquiera una persona que habla en calidad de obispo, tiene derecho a distorsionar la legislación incorporando requisitos que la propia ley no contempla (el margen prudencial con el que los presos que son «enfermos terminales» -según su actitud y otras circunstancias- puedan ser puestos en libertad para morir rodeados de sus familiares).

Desde estas líneas nos permitimos hacer una sugerencia al obispo de Gipuzkoa y al resto de obispos de Euskal Herria. Sería útil y necesario que todos, también ustedes, nos implicásemos en un proceso de reconciliación tan deseado por muchos y tan bloqueado por otros, y en el que los derechos de todas las personas, también de los presos, deben ser respetados. Y en este sentido, recordar que aún tenemos una oportunidad en la que nos podemos reencontrar, y es la defensa de los derechos de los 13 presos enfermos graves que como Iosu tendrían que estar con sus familiares.

(*) También firman este artículo José Ramón Pérez Perea y Agustín Gil Martín