Alberto PRADILLA I

Alrededor de las 20.00 de ayer, los 34 detenidos (fueron 35, pero uno de ellos es menor) durante las cargas ocurridas el martes en los alrededores del Congreso español terminaron de declarar ante los juzgados de plaza Castilla. Según informó Erlantz Ibarrondo, uno de los abogados defensores, no se solicitaron medidas cautelares, por lo que todos ellos recuperaron la libertad, aunque con cargos. De este modo, se ponía fin a dos días de arresto y lo que para sus letrados se convirtió en una «desaparición». Nunca tuvieron conocimiento sobre el lugar en el que se encontraban sus defendidos y solo en el momento en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se inhibió del caso, comenzaron a vislumbrar qué tribunal se haría cargo. Tras el vendaval criminalizador de la jornada previa, ayer fue un nuevo día de contradicciones y desmentidos entre los ministerios de Justicia e Interior. De fondo, el acelerón represivo con el que el Gobierno trata de responder al previsible «otoño caliente» por los recortes y el futuro rescate.

Denuncia de los abogados

«No sabemos dónde están y ya se han realizado todas las diligencias». Así se expresaba Erlantz Ibarrondo al mediodía de ayer. Los letrados se habían desplazado a los juzgados de plaza Castilla. Pero ahí no constaba que se hubiese trasladado a ningún detenido. Además, diversos portavoces del Gobierno español apuntaban a que sería el tribunal de excepción ubicado en la calle Génova quien tramitaría las diligencias. De este modo, pasaban las horas y nadie explicaba el lugar exacto en el que se encontraban los 34 arrestados. Únicamente se sabía que estaban en manos de la Policía. Ante esta indefensión, los letrados impusieron una querella por «dilaciones indebidas» sobre el procedimiento.

Los rumores eran incesantes. En un primer momento, daba la sensación de que Interior presionaba para que la Audiencia Nacional se hiciese cargo. El día anterior, en el Congreso, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, había dado por hecho que los detenidos eran responsables de un delito «contra las instituciones del Estado», que es la fórmula con la que el propio Pedraz ha citado a ocho personas para el próximo 4 de octubre. En la misma línea, la delegada del Gobierno español en Madrid, Cristina Cifuentes, insistía en que la calle Génova sería el destino final de los arrestados.

Horas después, las imputaciones lanzadas por los responsables políticos fueron negadas por sus propios subordinados. Una providencia dictada a mediodía en la Audiencia Nacional indicaba que en el escrito remitido por la brigada de información de la Policía española se hablaba de «atentado, lesiones, resistencia y desobediencia y desórdenes públicos». Ninguna referencia al artículo 494 del Código Penal español, que es al que se apela para criminalizar a los promotores de «Rescata el Congreso». Así que Pedraz dictó una providencia en la que se inhibía de la causa al considerar que no era «competencia» de la Audiencia Nacional. Pese a ello, Cristina Cifuentes seguía alimentando los rumores y, con el papel del magistrado ya en manos de la prensa, insistía en que cinco de los arrestados terminarían en el tribunal de excepción.

Nada más lejos de la realidad. Finalmente, todos pasaron por plaza de Castilla. Tras abandonar el juzgado, cerca de las 21.00, algunos relataron haber sufrido golpes en el momento de la detención, presentando incluso partes médicos. Lo que ha dejado en evidencia son las discrepancias existentes dentro de los estamentos españoles a la hora de hacer frente al creciente desconento social. En la práctica, esto supondría aplicar en el Estado políticas represivas que ya funcionan en Euskal Herria. Ayer hubo caos y descoordinación. Pero el martes, el mismo juez que ayer se inhibió tomará declaración a ocho promotores de la protesta.