Más de una vez hemos insistido en la importancia de diferenciar el análisis de los contextos de crisis económica en los distintos ámbitos de Euskal Herria, el Estado español y Occidente en general. Uno de los conceptos en los que esta necesidad de diferenciación es más clara es el de las políticas de austeridad. La razón de ello es que no es posible valorar políticamente las distintas medidas de subida de impuestos, recortes de gasto público, disminución de prestaciones etc. sin tener en cuenta el contexto general en que se producen y la finalidad a la que responden.

Si es imprescindible distinguir entre los distintos orígenes de la crisis financiera en cada entorno geográfico, también lo es distinguir las distintas finalidades de las medidas de ajuste, que dotan a las mismas de un significado social y político esencialmente diferente. Estas finalidades están relacionadas con los tres retos básicos que la crisis financiera plantea a las economías occidentales.

El primer reto: dejar de incrementar la deuda. Se trata de la desaparición del flujo permanentemente creciente de endeudamiento que alimentaba artificialmente las economías de nuestros países (aunque no es el caso de Euskal Herria). Desde el momento en que estalla la crisis, esta sobrefinanciación deja de fluir y ello produce por sí mismo una caída del consumo y de la inversión con efectos directos en los presupuestos públicos de estos países.

Segundo reto: cae la demanda internacional y se recorta el crédito. Como consecuencia del estallido de la crisis, esta caída del crédito y de la demanda internacional genera caídas en las ventas en las empresas de todos los países, hayan estado sobreendeudados o no. Ello genera también caídas de recaudación y desajustes presupuestarios. Este es el reto fundamental al que tienen que responder las políticas públicas en la CAV.

Tercer reto: necesidad de reducir el sobreendeudamiento. Al igual que el incremento del endeudamiento generaba efectos artificialmente positivos en la economía, su reducción los genera negativos. Es el momento de decidir si esa deuda acumulada se intenta pagar, se diluye a través de flujos financieros -o devaluaciones- o se declara el impago de toda o parte de la misma.

Si, como en el caso español, se decide hacer frente al pago de la deuda, se imponen medidas de ajuste radical que permitan detraer de la economía real los recursos necesarios para ello. A partir de estos tres retos básicos, los distintos países abordan políticas de ajuste con finalidades esencialmente distintas, todas ellas en el contexto de las políticas anticrisis: Ajustes derivados de la adaptación de los presupuestos públicos al cese de la sobrefinanciación del período precrisis (Necesaria en todos los países sobreendeudados, como el Estado español, pero no necesaria en Euskal Herria).

Ajustes derivados de la adaptación de los presupuestos públicos a la caída de la demanda internacional. (Necesaria en todos los países occidentales. Es también el origen de los ajustes en Euskal Herria).

Ajustes derivados de la necesidad de generar recursos para soportar el proceso de desapalancamiento público y privado (la devolución de la deuda). Estos ajustes, cuantitativamente los más importantes, se hacen necesarios en los países sobreendeudados que deciden hacer frente al pago de la deuda. Estos ajustes no son necesarios en Euskal Herria, donde no se ha producido este sobreendeudamiento.

Como vemos, la aplicación de cada una de estas políticas depende, por supuesto, de las distintas estrategias políticas pero también del contexto económico de cada país o región. Muy particularmente, depende de en qué medida la economía de cada país se sobreendeudó o no en el período anterior a la crisis.

En el caso de economías sobreendeudadas que han decidido además hacer frente al pago de la deuda, las políticas de ajuste deben ser «brutales». Hay que generar recursos para hacer frente a la vez a los retos de caída de la demanda y de devolución de la deuda.

Esencialmente distinto es el caso de Euskal Herria, donde el origen de la crisis es fundamentalmente externo y, por lo tanto, los necesarios ajustes presupuestarios deben ser sustancialmente menores. Es necesario, eso sí, ajustar los presupuestos públicos en la medida necesaria para no tener que recurrir al endeudamiento.

Por supuesto, esto no significa que en Euskal Herria no existan opciones políticas distintas a la hora de hacer frente a este ajuste. Para conseguirlo puede optarse por mayores o menores reducciones de gastos y mayores o menores aumentos de impuestos. Y, sobre todo, junto a las políticas de ajuste presupuestario a corto plazo, es imprescindible adoptar medidas que eviten un deslizamiento progresivo de la economía por pérdida de dinamismo competitivo del tejido productivo. Lo cual requiere abordar el problema de financiación de las empresas, y acelerar la inversión en tecnología y en formación.

En el caso de Euskal Herria, las medidas de ajuste responden, en principio, a una problemática externa -caída de la demanda internacional- y no a una opción política. Ante la imposibilidad de acudir al mercado de deuda, realizar los ajustes presupuestarios necesarios parece inevitable.

Sin olvidar, por supuesto, que -como consecuencia de la inclusión en el Estado español- nuestras cuentas públicas se ven indirectamente afectadas por algunas medidas de contención de gasto o elevación de impuestos que nuestra economía no necesita.

En el caso del Estado español, junto a medidas de ajuste inevitables, el grueso del esfuerzo de austeridad sí es el resultado de una opción política y, por lo tanto, puede ser cuestionado. Se trata de la decisión sobre qué estrategia seguir para la reducción de la deuda. En el Estado español se ha decidido intentar que esta deuda «se pague». Esta decisión implica unas transferencias de recursos inmensas desde la economía real hacia el sector financiero, cuyos efectos sociales y económicos son enormes y cuya viabilidad está pendiente de demostrar.