La reducción en un 40% de la partida presupuestada para el Tren de Alta Velocidad por parte del Gobierno español, aderezada con el contexto electoral, llevó ayer al consejero de Transportes y candidato del PSE, Iñaki Arriola, a afear la decisión del Gabinete de Mariano Rajoy y expresar su «preocupación» porque la infraestructura ferroviaria podría no estar terminada en 2016, y tampoco el año siguiente. El enésimo recorte de Madrid no ha podido esquivar las obras del TAV, pese a su interés primordial para el Estado, y desde Lakua han visto la ocasión de sacar rédito.

Sin duda, entre partidos e instituciones que han hecho bandera de la construcción de este proyecto, el mayor que se ha acometido nunca en Euskal Herria, cualquier alteración del calendario previsto puede ser entendida como una oportunidad para sacar ventaja al adversario. Sin embargo, en un contexto económico tan desgarrador como el que sacude a este país, y cuando cada vez un mayor número de personas convive con el paro, la precariedad y la pobreza, reivindicar como prioritario que se destine una mayor partida presupuestaria a la «Y vasca» puede que no le reporte beneficio a Arriola y sus compañeros. No es difícil de entender que la ciudadanía esté mucho más preocupada por el desmantelamiento de servicios públicos esenciales, la reducción de los salarios y la implacable subida del coste de la vida que por el futuro de una obra que se ha tragado mil millones de euros en apenas cuatro años y sobre cuya construcción no se le ha preguntado.

La intervención del consejero autonómico muestra, sobre todo, el empecinamiento de quienes quieren sacar adelante el TAV a toda costa, sin reparar en costes ni en la oposición que suscita en buena parte de la sociedad vasca. Arriola afirmó ayer, para poner en valor este proyecto, que se trata de un objetivo compartido por el Gobierno de Lakua y el español, cuando el objetivo compartido por la mayoría social no es que esté construido en 2016 o 2017, sino que no lo esté nunca.