Una juez de Madrid remite a la Audiencia Nacional la causa contra los detenidos del 25S tras acusarles de «un presunto delito contra las instituciones del Estado», a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia descartó investigar los hechos al considerar que no eran de su competencia. En Euskal Herria no resulta novedosa esa criminalización de la protesta y la contestación, por eso esta sociedad la rechaza, aquí y en Madrid.