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Pensionistas reclaman a los candidatos a lehendakari que garanticen las pensiones y el sistema de protección social

GARA | DONOSTIA

Las plataformas de pensionistas Pentsionistak Martxan de Araba y Bizkaia, así como la asociación Duintasuna de Gipuzkoa, interpelaron ayer a los candidatos a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas para que protejan las pensiones y los servicios sociales.

Para ello, solicitaron que, tras las elecciones, el nuevo Gobierno que se constituya en la CAV ofrezca garantías de mantenimiento de las pensiones y del sistema de protección social ante los recortes planteados desde Madrid.

Las plataformas apuntaron que el 58% de las personas pensionistas cobran al mes menos de 700 euros y que desde 2011 la pérdida de poder adquisitivo representa un 4,8%.

También incidieron en la pérdida de poder adquisitivo que están padeciendo, más si cabe tras la última subida del IVA. En concreto, señalaron que ha supuesto una subida del 60% de los productos básicos. Según advirtieron, la situación se ve complicada debido a los gastos relacionados con la edad que el colectivo debe asumir.

Ante esta situación, exigieron garantías para «vivir autónomamente», lo que, en su opinión, implica una pensión mínima no inferior a 1.000 euros mensuales.

En este sentido, denunciaron que las pensiones se gestionen desde Madrid. En su opinión, «van de la mano de partidos y sindicatos que con sus reformas tan solo ahondan en los recortes». Por esa razón, consideraron urgente la creación de una Caja de pensiones propia.

Recortes en dependencia

Las plataformas se mostraron especialmente preocupadas por los «brutales recortes» que desde Madrid se están imponiendo en materia de dependencia. Citaron como ejemplo que se atiende cada vez a menos personas dependientes y que el servicio de ayuda a domicilio se ha reducido en casi un 20%.

Además, criticaron que se ven en la tesitura de tener que pagar el 100% de 420 medicamentos que corrían a cuenta de Osakidetza. Por todo ello, reclamaron una asistencia sanitaria y unos servicios sociales y de atención a la dependencia públicos y de calidad.

En definitiva, rechazaron los recortes que se están acometiendo y reivindicaron su papel activo en la toma de decisiones.

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