El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz enmarcó la protesta del pasado 25 de setiembre ante el Congreso de los Diputados en Madrid, que se saldó con 35 detenidos y fuertes cargas policiales, en el derecho a la libertad de expresión, «máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política». Ayer archivó las diligencias abiertas contra ocho personas, entre ellas la abogada y dirigente de Izquierda Castellana Doris Benegas, por convocar dicha movilización. La Policía española les imputó un delito contra «altos organismos de la nación». Numerosas personas se dieron cita ante la Audiencia Nacional para arropar a los imputados que, a su salida, fueron recibidos con aplausos, gritos y una pancarta blanca en la que se leía «Gracias por tener la valentía de buscar una sociedad mejor, incluso para los que se quedan en casa».

Altavoz en mano, Benegas leyó el párrafo del auto en el que Pedraz daba por archivada la causa: «En modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación legal, sino que de existir, atentaría claramente contra el derecho fundamental de libertad expresión».

Cuando ya se marchaba, Benegas fue retenida e identificada junto a la también imputada Elena Martínez. «¡Más identificada que con esto...!», exclamó Martínez tras este incidente mientras mostraba el auto que les exculpaba.

«Esto confirma la espiral represiva en la que nos encontramos. Le he dicho -en alusión a Pedraz- que yo solo participé en una asamblea en El Retiro en la que organizamos una manifestación para cambiar el sistema, y que no sabía por qué eso era un delito contra las instituciones. Lo único de lo que somos culpables es de pretender un cambio social», remarcó.

«El juez le ha quitado la razón a todos los que decían que éramos unos golpistas peligrosos», añadió Rafael Tejero, profesor de Filosofía también imputado.

En su auto, Pedraz acusó a la Policía española de «excesos» en su instrucción. Afirmó que la convocatoria «Rodea el Congreso» no alteró el orden de la sesión del hemiciclo y que tampoco consta que a algún diputado se le hubiera impedido salir, por lo que -subraya- no se percibe un delito contra «las instituciones del Estado, como tampoco consta el lanzamiento de objetos o agresiones a la Policía». Aseguró también que «la gravedad aventurada por la Policía no era tal -en referencia al atestado que alertaba de que el objetivo era ocupar el Congreso-».