Cuatro trabajadores que se sintieron víctimas de acoso laboral denunciaron al Ayuntamiento de Errenteria durante los años en que gobernaron Miguel Buen, hoy viceconsejero de Interior, y Juan Carlos Merino, ambos del PSE. Dos trabajadores han ganado los respectivos juicios, lo que va a suponer al Consistorio el pago de 900.000 euros. Otros dos casos están a la espera de sentencia, que pueden suponer cantidades similares. En la última de las sentencias, el juez afirma sobre el trabajador, víctima de mobbing, que «sus posicionamientos exclusivamente técnicos parece que no siempre eran del agrado de los políticos de turno». Toda una pista para reconocer a los culpables.

¿En qué situación se encuentran las denuncias?

Hay cuatro casos que vienen de anteriores legislaturas. En los dos primeros, que tienen sentencia firme, el Ayuntamiento ha pagado 370.000 euros y hay otros 500.000 reconocidos en primera instancia, lo que nos lleva casi a los 900.000. Quedan otros dos casos en los que estamos a la espera de la sentencia, pero se puede hacer un cálculo aproximado de que supondrá algo similar a los dos primeros. Un varapalo para las arcas municipales, porque en un presupuesto de 45 millones es muy duro afrontar gastos de 900.000 euros (un 2% del presupuesto). Se están cargando al Ayuntamiento cantidades por responsabilidad patrimonial en procesos que empiezan con declaraciones de incapacidad permanente por accidente laboral.

¿Cómo van a responder?

Nuestra filosofía es que este dinero no lo paguen quienes no tienen ninguna responsabilidad. Por ello hemos abierto un expediente para averiguar lo ocurrido y depurar las responsabilidades que sean necesarias.

¿Quiénes son los responsables?

La última sentencia apunta a decisiones políticas, porque habla de que las diferencias de los afectados con las decisiones políticas les llevaron a sufrir un conflicto laboral. Sin embargo, no es este juez el que decide quiénes eran los responsables. Para lo que sí es competente es para determinar la responsabilidad patrimonial, que viene de la falta de adopción de medidas, por lo que ahora se trata de concretar qué personas eran las competentes para adoptar estas medidas.

Todo apunta al PSE.

Desde un primer momento desde esta alcaldía se ha pretendido desligar este asunto de cualquier motivación política y funcionar con la premisa clara de que el ciudadano no tiene por qué pagar lo que no le corresponde. Debemos actuar de forma clara y transparente, y llevar el problema de la forma lo más técnica posible. El expediente está abierto y serán los técnicos quienes digan cómo y contra quiénes.

¿Van a recurrir las sentencias como pide el PSE?

No vamos a llevar este tema a la arena política como se ha hecho hasta ahora en casos como éste o de corrupción con implicación de cargos públicos. Esta Alcaldía no va a utilizar políticamente los casos de acoso. Nos guiamos por la transparencia y depuraremos responsabilidades sobre criterios técnicos. En este sentido, solicitamos un informe a los letrados y juristas de este Ayuntamiento, y lo que señalaba es que en la última sentencia hay vacíos en los fundamentos jurídicos que invitan a recurrirla. A partir de ahí, nos sumamos a lo que dicen los técnicos y recurrimos. No entramos a valorar cómo ocurrieron los hechos, sino la fundamentación jurídica de la sentencia, el nexo causal y si el resultado deriva de una falta de adopción de medidas. El informe nos indica que el nexo causal no es claro y por ello planteamos el recurso.

¿Qué comentan los vecinos?

Los ciudadanos se preguntan que por qué tienen que pagar ellos los errores que han cometido otros y comparto plenamente su opinión. Pero, yo pediría a los vecinos de Errenteria que, una vez adoptada la decisión de depurar todas las responsabilidades, que esperen al resultado de las investigaciones y eviten caer en la demagogia, porque como sociedad debemos evitar estas actitudes.

¿Cómo encontraron el Ayuntamiento en mayo de 2011?

Lo más llamativo fue una manera de funcionar de 28 años con un mismo partido, un ayuntamiento que funcionaba como un apéndice del partido. Esto es lo que más nos ha costado cambiar, tanto en la forma interna de funcionar como en su relación con el ciudadano. Luego están los casos de acoso y su repercusión ética en el trabajo y sus graves consecuencias económicas. Otro lastre son algunas expropiaciones pendientes, especialmente la del batzoki, con reclamaciones muy altas.

¿Y las cuentas?

La situación económica es delicada porque durante tiempos de relativa bonanza económica se tuvo la tentación de recurrir al endeudamiento. Esto nos ha dejado una deuda a devolver de 3 millones de euros, lo que nos impide afrontar algunos proyectos. En cualquier caso, la deuda es un lastre, pero no es escandalosa, se mantiene entre el 7,9 y el 8%.

¿Qué pautas se plantean de cara al futuro?

Nuestro trabajo hay que enmarcarlo en una política de transformación social desde la izquierda y en la vía del soberanismo. No queremos caer en la deriva de la gestión por la gestión y de cuadrar presupuestos. Nuestro principal objetivo se basa en tres aspectos: la lucha contra la crisis, la normalización política y la participación ciudadana. En cuanto a la crisis, hay que tener en cuenta que Errenteria presenta una situación dramática de paro, muy superior a la media de Gipuzkoa, y en la penúltima posición del herrialde en cuanto a renta per cápita. Pasó de ser un municipio industrializado a perder toda la industria, junto a una bahía de Pasaia totalmente degradada, y a no encontrar una alternativa. Por ello nos planteamos un punto de inflexión para pasar esta triste página de la historia. Entonces diseñamos el Plan Estratégico 2025 entre el Ayuntamiento y los agentes sociales, culturales y políticos. Es un objetivo que no responde a esta legislatura sino que va más allá. Queremos transformar totalmente Errenteria y eso va a llevar más de estos cuatro años.

La difícil situación de Errenteria, ¿justificaría la aplicación de los recortes de Rajoy?

Para el que quiera cuadrar el dinero le vendrán bien los recortes, pero para quien piense en clave de país son un golpe muy duro. Aplicar lo que nos propone Rajoy hace negro el futuro de nuestro país. Por eso no podemos dejarnos ahogar y tenemos que responder como país.

¿Quitarán la paga de Navidad?

Si es posible la abonaremos y creemos que lo es. La voluntad del Ayuntamiento es la de afrontar el pago de los salarios. Nuestra deuda es asumible y está bajando año a año. Pero la razón de que lo estemos estudiando no es financiera, sino más bien de orden jurídico. En cualquier caso, nuestra idea es pagar a los trabajadores.