«¿La independencia de Catalunya? Por encima de mi cadáver y el de otros muchos militares». Con estas palabras el teniente coronel de infantería Francisco Alamán Castro se refería, el pasado 31 de agosto, a una eventual independencia de Catalunya.

(...) La portavoz de UPyD, Rosa Díez, emplazaba al Gobierno, después de la manifestación del 11 de septiembre, a suspender la autonomía de Catalunya si ésta utilizaba el dinero del fondo de rescate autonómico «para financiar la secesión». El vice-presidente del Parlamento Europeu y eurodiputado del PP, Alejo Vidal Quadras, tampoco se quedaba corto, y pedía a Mariano Rajoy que un general de brigada, preferiblemente de la guardia civil, tomase el control de los Mossos de Esquadra para frenar el proceso independentista.

El periódico «El Mundo», en su editorial del 27 de septiembre, exigía al Gobierno «una respuesta penal al desafío de Artur Mas» de convocar un referéndum de autodeterminación e instaba a modificar el código penal y «castigar con pena de cárcel e inhabilitación la convocatoria de una consulta ilegal». Y para no ser menos, la plataforma ultra Reconversión, con Alejo Vidal Quadras y José Antonio Ortega Lara a la cabeza, exigía al Gobierno la intervención de Catalunya, apelando a los artículos 161.2 i 155.1 y 2 de la Constitución, si se convocaba dicho referéndum.

Pero la cosa no acaba aquí. La Asociación de Militares Españoles (AME), integrada por antiguos miembros del Ejército, ha amenazado al presidente Artur Mas con un consejo de guerra (...). Toma ya. Cómo está el patio... para que un político conservador, como Artur Mas, ligado hasta la médula al poder financiero, La Caixa y Abertis en primera fila, y dirigente de una formación tan poco subversiva como CiU, suscite dichas reacciones. ¿Qué pasaría si fuera un tipo de izquierdas, opuesto a los intereses empresariales y defensor sincero del derecho a la autoderminación?

Visto lo visto, yo me pregunto. Si esto pasara en un país, por ejemplo, latinoamericano, ¿cómo lo calificaríamos? Incluso la BBC ha publicado un extenso reportaje que vincula las amenazas contra Catalunya al «pacto de silencio» instaurado en la Transición. Y así es. La Ley de Amnistía de 1977 garantizó inmunidad a aquellos que cometieron delitos contra la humanidad en el régimen franquista y la guerra civil, pero dichos personajes siguen allí. Y hoy, otra vez sin tapujos, vuelven a levantar la cabeza.

Ahora, cuando el Titánic hispánico hace aguas atenazado por una crisis cada día mayor, cuando chirría todo el andamiaje, queda expuesta la verdadera naturaleza del presente Régimen y los límites de una Transición cuya sacralización beata durante décadas impidió ver la realidad. (...)

Y es en medio de este marasmo que hay que apoyar todas las reivindicaciones democráticas que choquen contra el corsé borbónico de la Transición. Empezando por el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro. (...)