La protesta de las fuerzas de seguridad en demanda de mejoras salariales cumplió ayer su quinto día mientras el Gobierno argentino sancionó a varios portavoces de los efectivos e intervino el área jurídica de la Gendarmería.

El gendarme Raúl Maza, uno de los portavoces de la protesta, explicó que ha recibido un telegrama donde se le notifica su «pase a disponibilidad», lo que supone «un paso previo a ser dado de baja», dijo. La sanción, que según Maza afecta a otros dos portavoces de la protesta, «es una medida para ver si podemos bajar la voz, pero no vamos a dejar el reclamo», agregó el gendarme en declaraciones a una emisora local.

Por primera vez en la historia de la Prefectura (guardacostas) y la Gendarmería argentinas, ambos cuerpos se han unido con movilizaciones en la calle en reclamo de un salario base de 7.000 pesos (unos 1.100 euros) y garantías de que no habrá represalias para los participantes en las concentraciones. Unas decenas de efectivos mantenían ayer la protesta frente a las sedes de Prefectura y Gendarmería en Buenos Aires, después de que el Gobierno instara la noche anterior a los agentes a abandonar las manifestaciones en la vía pública.