El fallecimiento el pasado jueves de seis indígenas durante un corte de carretera en la Interamericana, una de las vías más importantes de Guatemala, en contra de algunas de las reformas constitucionales promovidas por el Gobierno derechista de Otto Pérez Molina, aumentó el repudio y la demanda de justicia para que los crímenes no queden en la impunidad. Además de los fallecidos, la intervención del Ejército y de la Policía provocó 34 heridos de bala.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) condenó los hechos e hizo un llamamiento al diálogo y al pronto esclarecimiento de estas muertes. Remarcó que el derecho a la manifestación es un pilar fundamental de un Estado democrático y que, por tanto, no puede conllevar como resultado la muerte de personas.

«Es necesario insistir en el diálogo como mecanismo para buscar vías de entendimiento que permitan avanzar en la solución efectiva de la problemática estructural que originó estas manifestaciones», añadió.

La Oacnudh pidió a las autoridades desarrollar las investigaciones que sean necesarias de manera pronta y efectiva, con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos y el procesamiento y sanción de las personas que resulten responsables.

El procurador guatemalteco de los Derechos Humanos, Jorge De León, anunció que se convertirá en garante del proceso de investigación.

La premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú reclamó «una investigación independiente, mientras que el Comité de Desarrollo Campesino, integrado por decenas de organizaciones de labriegos, responsabilizó al Gobierno «de mano dura» de Pérez Molina por lo ocurrido y exigió retirar de las acciones de seguridad pública al Ejército.

En medio de esta ola de indignación, el presidente presentó ayer ante la justicia a siete soldados, que, según remarcó en la rueda de prensa que ofreció en la sede de la Brigada Militar Guardia de Honor, en el sur de la capital, «aceptaron que ellos iban en calidad de seguridad y que al verse amenazados temieron por su seguridad y comenzaron a disparar al aire». Pérez Molina, un general retirado que tuvo un papel relevante en la represión indígena en la década de los 80, pidió «no criminalizar» al Ejército y reiteró que los hechos fueron provocados por los manifestantes. El viernes, exculpó a los militares, afirmando que no iban armados

La última masacre de indígenas ocurrió hace 17 años cuando un grupo de militares entró en la comunidad de Xamán matando a once campesinos.