Once estados se muestran a favor de implantar una tasa a los bancos
Un total de once estados de la Unión Europea acordaron ayer, tras meses de debates infructuosos, avanzar en la creación de una tasa a las transacciones financieras internacionales, conocida como «tasa Tobin», cuyo objetivo es frenar la especulación y hacer que la banca asuma parte de los costes de la crisis. El Gobierno español, que se ha resistido hasta el último momento, mostró ayer sus reservas al considerar que puede crear «distorsiones» en el mercado financiero.
GARA | LUXEMBURGO
Los promotores de la iniciativa para gravar las transacciones financieras internacionales -Alemania y el Estado francés-, habían logrado convencer hasta la fecha a Portugal, Grecia, Eslovenia, Bélgica y Austria. Ayer se sumaron Estonia, Eslovaquia, Italia y el Estado español, que hasta el último momento se había resistido a dar su apoyo.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, De Guindos mostró sus reservas ante la implantación de la conocida como «tasa Tobin» al señalar que tendrá que establecerse de manera coordinada para evitar que cree distorsiones en el mercado financiero, por lo que pidió que el gravamen sea «razonable» con el objetivo de limitar los efectos negativos que pudiera tener sobre los capitales.
En cualquier caso, señaló que la baza del veto respondía a una estrategia de negociación con los socios europeos, si bien no desveló las contrapartidas logradas a cambio del apoyo, que podrían estar relacionadas con el calendario de implementación de la unión bancaria o bien con la intervención del Banco Central Europeo en el mercado de deuda.
Según la propuesta de Bruselas, la tasa gravaría con un tipo del 0,1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados, aunque también se puso sobre la mesa la posibilidad de establecer una tasa por etapas, comenzando por una que excluya los derivados.
Para poder sacar adelante esta iniciativa, se ha optado por un mecanismo de «cooperación reforzada» que, aunque exige la participación de al menos nueve países, permite sortear el veto de estados como Gran Bretaña, que cuenta en Londres con el principal centro financiero del continente y que considera que la tasa provocará que la industria financiera se deslocalice fuera de la UE.
«No estamos en contra de las tasas al sector financiero -dijo el ministro británico de Finanzas, George Osborne-, pero nuestra posición es que solo consideraremos sumarnos si todos los centros financieros del mundo la implantan, como Nueva York, Singapur, Shanghái y Hong Kong».
Agregó, sin embargo, que su país no obstaculizaría la cooperación reforzada, al igual que Polonia.
Recalcó que antes de poder dar su aprobación a la cooperación reforzada, tiene que ver la propuesta concreta de los demás países, pues considera que hay puntos abiertos como los referidos a su alcance (si incluye acciones, derivados y transacciones en divisas) y su impacto en el Mercado Único de la Unión Europea.
Osborne recordó que un estudio de la CE calculaba el impacto negativo de esa tasa entre el 1,5% y el 3% sobre el Producto Interior Bruto (PIB), al tiempo que consideró que tampoco está claro qué va a pasar con las recaudaciones, pues Alemania quiere que ingrese en sus propias arcas.
El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, corrigió a Osborne al asegurar que el análisis más reciente de la Comisión Europea «dice que si la recaudación se invierte de forma inteligente, el efecto económico puede acabar siendo positivo». Según la CE, la tasa propuesta generaría unos 57.000 millones de euros al año y podría alcanzar hasta 81.000 millones de euros en 2020.
El comisario europeo también explicó que los Estados miembros «podrán gastar este dinero como mejor les parezca», pero recordó que en su proyecto de presupuesto plurianual para 2014-2020 la Comisión Europea propuso que parte de la tasa a las transacciones financieras se utilice para sufragar los recursos propios de las cuentas europeas, pero reduciendo a la vez las contribuciones de los países.
Dos tercios irían a parar a las arcas europeas y un tercio al presupuesto estatal.
A partir de ahora los Estados miembros interesados tienen que formular una petición a la Comisión Europea detallando el alcance y los objetivos de la cooperación reforzada y Bruselas estudiará la propuesta para garantizar que cumple las condiciones necesarias.
Después y en línea con la que ya estaba sobre la mesa al Consejo, la CE tendría que hacer una propuesta a aprobar por mayoría cualificada de los Veintisiete. La presidencia chipriota de turno afirmó que los ministros volverán a dar seguimiento al procedimiento el 12 de noviembre.
Implicaciones del rescate
El ministro español de Economía, Luis De Guindos, se refirió también al rescate de las finanzas españolas y afirmó que el Gobierno «tiene ya y va acumulando» información sobre las implicaciones que tendría para el país y el conjunto de la eurozona un eventual programa de asistencia financiera mediante la compra de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo (BCE).
«En estos momentos efectivamente el Gobierno tiene ya... va acumulando información al respecto de lo que son las implicaciones, y tomará la decisión que sea la mejor para los intereses de la economía y la sociedad española y también para el conjunto de la eurozona», señaló De Guindos en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin).
«La decisión de aplicar un programa para pedir que el Banco Central Europeo intervenga es extremadamente importante y sensible y tiene que realizarse teniendo en cuenta múltiples factores».
Unión bancaria
Por otra parte, De Guindos explicó que en el debate del Consejo sobre la unión bancaria y la creación del supervisor único para la eurozona «no ha salido el tema de los activos heredados». Alemania, Finlandia y Holanda rechazan el carácter retroactivo de la recapitalización directa una vez exista esta posibilidad, impidiendo así que, en el caso del Estado español, se rompa el vínculo entre la deuda soberana y la banca.
El ministro español subrayó, sin embargo, que «todo el mundo está de acuerdo con que la unión bancaria es absolutamente imprescindible para el futuro de la unión» monetaria, e incluso los países que no comparten el euro lo ven así.
«Incluso muchos de ellos tienen la voluntad de incorporarse al sistema de supervisión bancaria», explicó De Guindos en referencia al paso previo a la recapitalización directa de la banca y el primer pilar de una futura unión bancaria.
La tasa gravaría con un tipo del 0,1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados, aunque también se puso sobre la mesa la posibilidad de establecer una tasa por etapas, comenzando por una que excluya los derivados.
Según la Comisión Europea, la tasa propuesta generaría unos 57.000 millones de euros al año y podría alcanzar hasta 81.000 millones de euros en 2020. Dos tercios irían a parar a las arcas europeas y un tercio al presupuesto estatal.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que respeta «muchísimo» las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el PIB español de 2012 y 2013, pero que éstas «no están escritas en bronce».
El FMI hizo públicos ayer los datos sobre la economía española para el 2012, que indican que la economía española caerá un 1,5% este año y un 1,3 % el próximo. Esta cifra contrasta con la previsión del Gobierno español, que pronosticó una contracción del 0,5% para el próximo año durante la reciente presentación de sus presupuestos generales para el 2013.
En el plano presupuestario, el Fondo prevé que el Estado español cierre 2012 con un déficit del 7% del PIB, siete décimas más que lo calculado en julio -pese a las medidas fiscales-, y en el 2013 con uno del 5,7 %, muy por encima de lo exigido por la UE.
El secretario federal de Economía y Trabajo de IU, José Antonio García Rubio, subrayó que las estimaciones del organismo internacional apuntan a un retroceso del PIB «casi tres veces» superior al previsto por el Ejecutivo, lo que constata que los presupuestos generales del Estado están elaborados a partir de datos «irreales».
Entretanto, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, evitó valorar la rebaja por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de las previsiones económicas para la UE, pero pidió al Estado español y a la eurozona que adopten las «decisiones necesarias» para generar crecimiento y empleo.
El Ejecutivo comunitario presentará sus propias previsiones económicas el próximo 7 de noviembre. GARA
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dejó ayer claro que no recurrirá a la capacidad de la institución para imprimir más billetes y que la salida de la crisis queda en manos de los gobiernos de la eurozona.
«Sería muy fácil pensar que el BCE puede reemplazar a los gobiernos e imprimir más billetes, pero eso no va a pasar», señaló Draghi, al tiempo que añadió que Francfort -donde tiene su sede la institución- «ya ha hecho suficiente» en la crisis, además de recordar su mandato de guardián de la inflación.
También se mostró inflexible sobre el cumplimiento de unas «condiciones estrictas» por parte de los beneficiarios del plan de intervención de compra de bonos para países con dificultades de financiación.
Draghi recordó que el BCE sólo actuará cuando un país solicite la ayuda de los fondos comunitarios de rescate y se someta a sus condiciones. GARA
El Banco Central Europeo (BCE) necesitará un plazo de un año para adaptar sus estructuras y ser capaz de asumir la tarea de supervisar los bancos de la eurozona, según aseguró ayer su presidente, Mario Draghi.
