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Rechazo social a la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Paraguay y Monsanto

GARA | ASUNCIÓN

Organizaciones sociales paraguayas mostraron ayer su rechazo al acuerdo para la producción de semillas transgénicas que su Gobierno tiene previsto firmar con la multinacional estadounidense Monsanto, por considerar que su cosecha pone en riesgo la salud de los campesinos y de la tierra.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería señaló ayer que el próximo 17 de octubre se suscribirá el documento para iniciar el proceso para la producción de simientes genéticamente modificadas con la asesoría y ayuda de Monsanto, una confirmación que reavivó las protestas de organizaciones sociales en todo el país. El ministro, Enzo Cardozo, explicó que se utilizarán los genes de una de las variedades de semillas que disponga Monsanto y otra paraguaya para, en primera instancia, producir algodón transgénico, según recogió la agencia cubana Prensa Latina.

Esto no será obstáculo para que, mientras el proceso no se materialice, se siga comprando en grandes cantidades a Monsanto la semilla modificada, como se hace actualmente, y se extienda su uso a otros cultivos, con preferencia al del maíz.

Centenares de toneladas de las semillas vendidas por la multinacional a Paraguay serán destinadas a la campaña algodonera, acompañadas de los agroquímicos que completan la operación, también comerciali- zados por Monsanto.

Precisamente, los productos agroquímicos son fuertemente rechazados por los campesinos e indígenas ya que especialistas han constatado sus perjuicios para la salud de los agricultores y los daños que provoca en el terreno donde se realiza la siembra, aseguró Prensa Latina.

En cuanto al maíz, uno de los principales productos de la alimentación nacional y de exportación, los temores son mayores después que especialistas y científicos franceses certificaran los daños que su modificación genética causan en la salud.

Por eso, la confirmación de la próxima firma del acuerdo intensificó la campaña de denuncia que desarrollan desde hace semanas organizaciones campesinas e indígenas para tratar de impedir la rúbrica de ese convenio.

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