(...) el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, exaltó la labor de la Semar durante el referido operativo, y se congratuló por el hecho de que, durante su gobierno, «el Estado mexicano ha neutralizado a 25 de los 37 criminales más buscados».

El beneplácito del mandatario ante algo que en estricto sentido es un homicidio -independientemente de que la víctima sea un presunto delincuente presentado por las autoridades como sumamente peligroso y violento- resulta deplorable no sólo desde el punto de vista ético y político: tal actitud muestra el talante de una estrategia de combate a la delincuencia que parece preferir la eliminación física de los presuntos delincuentes que su presentación ante los tribunales correspondientes; que desacredita, en consecuencia, los mecanismos legales de procuración e impartición de justicia (...).

Resulta poco comprensible, por decir lo menos, que el operativo para capturar a Lazcano -uno de los dos capos más importantes del país, según las propias autoridades- haya concluido con la entrega inmediata de su cadáver al gobierno de Coahuila -para colmo, sin haber realizado análisis periciales y forenses exhaustivos- y con el posterior hurto del cuerpo por un comando armado. A lo anterior deben añadirse las contradicciones existentes entre las informaciones manejadas por la DEA y la Semar sobre datos tan elementales como la estatura de El Lazca y su fecha de nacimiento, así como la incertidumbre que privó ayer, durante varias horas, en torno a las causas de la «desaparición» del cadáver del presunto narcotraficante.

(...) Lo evanescente de los datos presentados por la autoridad en el caso, obliga a recordar el atropello cometido en junio pasado por el gobierno federal contra dos jóvenes residentes en Zapopan, Jalisco, uno de los cuales fue falsamente señalado como hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y cuya captura fue ruidosamente celebrada, en los primeros momentos, por la administración de Felipe Calderón. (...)