El pasado junio, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas acusaba al Estado español de no cumplir con el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes, al no haber efectuado una investigación pronta e imparcial de la denuncia interpuesta por Orkatz Gallastegi Sodupe tras su periodo de detención a manos de la Ertzaintza.

En aquella resolución, el organismo de la ONU ofrecía al Gobierno de Madrid un plazo de 90 días a fin de que informase de las medidas que iba a tomar respecto al caso del joven de Berango.

Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia ha recordado en una nota que el plazo de tres meses ha sido ampliamente rebasado «sin que se haya tomado ninguna medida dirigida a reparar el daño causado a Gallastegi».

El vizcaino se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 26 años que «le fue impuesta en un procedimiento en el que la declaración autoinculpatoria prestada en dependencias policiales bajo incomunicación tuvo, en palabras del Comité, `un peso importante' en la sentencia», recuerda Behatokia.

Este organismo insiste en que «el reconocimiento y reparación del daño causado, así como la necesidad de investigación de estas denuncias, es necesaria para evitar que las víctimas de estos abusos caigan en el olvido y evitar igualmente que sus derechos vulnerados no queden sin reparación».