Alberto PRADILLA

La burocracia constituye uno de los males endémicos que ralentizan el proceso venezolano. Lo reconocen las bases del PSUV, se escucha por boca de muchos funcionarios e incluso el reelegido presidente Hugo Chávez lo señaló como uno de los males a erradicar durante el próximo proceso. Alejado de los grandes planes estratégicos, Yoel Capriles, militante chavista en el consejo comunal de Andrés Eloy Blanco el Plan, ubicado en el 23 de Enero, conoce bien las consecuencias de un sistema que eterniza el proceso que va desde que se toma una decisión hasta que se cumple. Ejemplo de ello, la remodelación de la escuela. Los materiales ya están listos; el proyecto elaborado. Sin embargo, las vigas de metal cogen polvo en el suelo del centro comunitario. Alguien, dentro de esa amplia cadena que se estira desde la decisión asamblearia hasta el Ministerio, frenó el expediente. Así que el colegio, con graves deficiencias, sigue esperando que lo vuelvan a poner en pie. El discurso de Chávez frente al CNE, en el que abogó por corregir estas deficiencias dotando de más protagonismo a los órganos de democracia participativa ha generado esperanzas. Claro, que lo que preocupa ahora a Capriles son esos hierros en desuso que siguen ocupando el centro comunitario.

«Engolosinados» con el poder

«Todo estaba listo hasta junio. De repente, el arquitecto, que es de la oposición, comenzó a poner excusas. Y se paró la obra». Capriles («de los buenos, no de la familia de los escuálidos», aclara) es un férreo defensor del proceso. Está con él desde el principio, cuando los Círculos Bolivarianos se convirtieron en el Movimiento V República. Enfundado en su camiseta roja, insiste en que la llegada a Miraflores de Chávez permitió dotar de poder político a quienes antes permanecían en el anonimato de los cerros. Por eso, observa alarmado la facilidad con la que alguien puede bloquear la maquinaria. «Hay que reformar las estructuras», insiste, lamentando que haya quien se «engolosina» con el poder olvidando cuál era el fin último de la revolución.

«La estructura está minada de cargos parasitarios, hay gente infiltrada y funcionarios contratados que no comprenden las bases del proceso», argumenta Francisco Herdaner, vocero del consejo. El caso de la escuela es ilustrativo. Sirve para comprobar los topes del «poder popular» pero también sus grandes oportunidades. Según indica Capriles, el consejo comunal (15 vecinos elegidos democráticamente entre las 350 familias que forman este núcleo) decidió que su prioridad estaba en reformar el centro educativo. Tal y como recoge la Ley Orgánica de las Comunas, aprobada en 2010 y que regula la autoorganización política, los vecinos elaboraron un proyecto y se lo remitieron a la Alcaldía. Desde allí llegó un técnico que, cuando vio hasta dónde llegaba el deterioro, no solo le dio el visto bueno, sino que amplió la partida. «Al principio pedíamos 25.000 bolívares, pero el Consistorio nos consignó 470.000», explica. En principio, la administración preveía pintar todo el edificio. Sin embargo, los miembros del consejo estiraron las monedas como chicle y terminaron por realizar una propuesta de renovación completa. Hasta que, con excusas, alguien frenó en seco los planes.

Capriles responsabiliza al ingeniero municipal, que comenzó a exigir nuevos estudios («nos pidió un análisis de suelo y le presentamos cinco») y ralentizó el proyecto «porque se acercaban las elecciones». La burocracia es así. Un trayecto esquivo, como un Guadiana del papeleo. En este caso les han tocado la escuela, aunque podría ocurrir con cuestiones como la salud o los derechos de género, que también se tratan en la asamblea. Por desgracia, hechos como el de la escuela de Andrés Eloy Blanco se repiten en muchos de los miles de consejos comunales que se diseminan por toda Venezuela. A eso se le suman las dificultades de formación que lastran estas unidades que nacieron con el objetivo de profundizar en la participación ciudadana. «Uno de nuestros enemigos está dentro, es gente que piensa que el poder solo funciona si lo tienen ellos», critica Carmen Irene Mendoza, encargada de Educación, que insiste en su receta: «necesitamos una revolución dentro de la revolución; pensar en cómo transformar los procesos administrativos».