EH-Bildu

La coalición muestra nítidamente su apoyo a la Declaración de Aiete y destaca que «actitudes inmovilistas de los gobiernos español y francés lastran un despegue de la absoluta prevalencia de todos los derechos para todas las personas en todo Euskal Herria». EH Bildu propone «superar el tratamiento disperso y desigual que se ha ofrecido a las víctimas, unificando en una sola oficina la atención y tratamiento de toda persona que invoque la vulneración de algún derecho fundamental en el contexto de conflicto armado del que ahora salimos». Además, apuesta por el «desarrollo práctico de la Justicia Transicional».

PSE-EE

El PSE comienza destacando que el fin de la lucha armada de ETA se ha producido durante su mandato y lo atribuye al «triunfo del Estado de Derecho» y de «las políticas de firmeza democrática puestas en marcha por el lehendakari en coordinación con el Gobierno Socialista gobernante en España». Para consolidar el escenario, propone impulsar el decálogo que Patxi López presentó en el Parlamento. El PSE defiende la política penitenciaria pero propone la introducción de cambios, apostando «firmemente por la vía Nanclares como proceso de reinserción».

EAJ-PNV

El PNV sostiene que «tras el anuncio de ETA del cese definitivo de su actividad armada, las instituciones vascas, rehabilitadas en su pluralidad plena, tienen la responsabilidad de asentar un nuevo horizonte de convivencia». Aboga por el rechazo nítido de la violencia y la necesidad de construir «una paz justa y con memoria». Asegura que «impulsará un foro de dialogo entre todos los partidos sin exclusiones para consolidar el escenario de paz e iniciar el camino de la reconciliación sobre dos pilares: Todos los derechos humanos para todas las personas y diálogo inclusivo para impulsar la cultura de la convivencia y la reconciliación».

PP

El PP comienza sorprendiendo porque introduce en el apartado de «Departamento de Justicia e Interior» la defensa de «la autodeterminación del individuo» y del «Estado Autonómico descentralizado», afirmando además que «no tiene ningún miedo a abrir un debate» sobre el «perfeccionamiento» del Estatuto. El PP sostiene que dará prioridad a la desaparición de todo vestigio de la violencia de ETA y que sus víctimas han de ser «interlocutores obligados» para el Gobierno. Asegura que pondrá fin al reconocimiento de otras víctimas y apoyará el voto de los «exiliados».