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Condena europea a una práctica constante

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no investigar suficientemente la denuncia de torturas de Martxelo Otamendi, exdirector de «Egunkaria» y director de «Berria», y no poner los medios necesarios para ello. Con este fallo, el tercero de este tipo tras los de Aritz Beristain y Mikel San Argimiro, Estrasburgo vuelve a dejar en evidencia a los jueces de la Audiencia Nacional al establecer que no hubo justicia, miraron a otro lado y dieron cobertura a la práctica de la tortura. Tras tumbar la llamada «Doctrina Parot» y condenar reiteradamente al Estado español por no hacer lo debido ante las denuncias de torturas, Europa lo está retratando una y otra vez, cada día con mayor claridad, dando todo el relieve a unos casos que, lejos de ser aislados, forman parte de un procedimiento rutinario y sistemático, un oficio de Estado.

La terrible experiencia que, como Martxelo Otamendi, han sufrido miles de vascos no comenzó con la detención, ni en los cuarteles y comisarías. Antes hubo un trabajo preparatorio mediante el cual todo un movimiento social debía sufrir el señalamiento público colectivo, propagandista e ideológico. Otamendi no era un activista de la cultura vasca, ni el director de un periódico euskaldun... era «un terrorista» que ante los ojos del juez de turno mereció un trato de «alimaña». Y como tal, debía ser torturado para obtener su destrucción psicológica y moral. Y así, extender el miedo, expandir la parálisis, descabezar asociaciones y proyectos para la nación vasca. La tortura en Euskal Herria ha trascendido coyunturas y generaciones y sus valedores no solo han vestido uniforme. También togas. Y políticos y periodistas apologistas que en el «caso Egunkaria» fueron especialmente activos.

En el Estado español la tortura es un talismán en cuyo poder se cree. Es un tabú insidiosamente seductor, de gran utilidad para la política contra los vascos. Resoluciones como las de ayer, sin embargo, demuestran que Europa ya les ha cogido la matrícula. Y les llama a cambiar. Está por ver si en Madrid saben, pueden o quieren hacerlo.

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