Los transportistas autónomos lanzan un SOS a las instituciones
Los transportistas autónomos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa dieron ayer «un toque de atención» al Gobierno de Gasteiz y las diputaciones para que adopten medidas urgentes, porque están «al borde del barranco» y para que las mismas sirvan para «garantizar al transportista el futuro de su actividad». La unidad de acción del conjunto de asociaciones se dirige también a los candidatos de los partidos para que tras el 21 de octubre tomen la iniciativa.
Juanjo BASTERRA | BILBO
En respuesta a la «cruda» realidad que está imponiendo la crisis económica y los «abusos» que se producen en el sector, las diferentes asociaciones de transportistas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa lanzaron de forma conjunta una llamada de socorro a las instituciones para que intervengan «de forma activa» para garantizar los precios y la rentabilidad en el sector. Estitxu Ugarte, del sindicato Hiru de Euskal Herria, y Amaia Martínez, de Asotrava, insistieron en la necesidad de que el Gobierno de Gasteiz, «que lleva desaparecido más de tres años en nuestro sector», recupere el papel de «intermediario para evitar la ley de la selva en la que se ha convertido el sector», tras la nueva conformación del nuevo Ejecutivo, una vez que se produzcan las elecciones de este domingo.
Junto a representantes de la Agrupación Alavesa del Transporte, el sindicato Egas y la Federación de Cooperativas de Transporte de Euskadi, denunciaron que «estamos en una situación preocupante y agónica en muchos casos» porque «se nos paga por encima de los 180 y de los 200 días. Nadie puede aguantar en esa situación».
15% del sector, desaparecido
Ugarte, portavoz del sindicato Hiru, advirtió de que «un 15% del sector ha desaparecido. No existe, pero el resto se encuentra a punto de caer por el barranco». Destacó el modelo de transporte vasco y dijo que «dejamos la riqueza aquí, si desaparecemos llegarán multinacionales que, si creen que es rentable el negocio, trabajarán, pero no dejarán la riqueza aquí. Eso seguro», precisó.
En este sentido, Amaia Martínez añadió que la carga de trabajo en el sector «ha caído en un 40% y los precios a los que se nos paga en un 200%».
La unidad de acción ante este «escenario incierto» llevó a los transposrtistas autónomos y cooperativistas vascos a reclamar medidas urgentes. En su comparecencia, alertaron de que si «no se da pronto una respuesta a esta crítica situación» se verán en la obligación de llevar adelante protestas más directas para llamar la atención del conjunto de la sociedad.
«Queremos que haya un seguimiento de la aplicación en la CAV de las referencias del Observatorio del coste de transporte de mercancías por carretera del Gobierno vasco». Porque -continuaron- «los transportistas realizamos un servicio público al trasladar de un lado a otro las mismas», pero «se nos tiene que garantizar una mínima rentabilidad, porque en este momento que han bajado los precios, trabajamos por debajo del coste y eso no se puede sostener en el tiempo, porque nos hundimos».
Otra de las medidas que exigen los transportistas al unísono es que se garantice, por medio de una normativa de obligado cumplimiento, la aplicación del plazo de pago a 30 días en la CAV y la responsabilidad de cobro en la cadena de subcontratación». A su vez piden que «no se imponga ningún tipo de recargo sobre el combustible», porque «muchos transportistas llenan sus depósitos de combustible para poder trabajar, lo que les está costando más que lo que al final de mes pueden llevar a su casa por su trabajo», explicaron ante los medios de comunicación.
Las cinco organizaciones de transportistas autónomos y cooperativistas desvelaron que han emplazado a los candidatos de las elecciones autonómicas a que respondan a todos los objetivos que les han demandado.
Estitxu Ugarte y Amaia Martínez expresaron su confianza en que «respondan a estos compromisos públicos y firmes». Porque entendieron que «es necesario este esfuerzo ante la urgencia por la que estamos atravesando, un sector que es estratégico para un país para poder transportar lo que produce en condiciones de rentabilidad, evidentemente».
Otra de las medidas que consideran necesaria desde los colectivos de transportistas es el establecimiento de «un plan interinstitucional de actuación contra las falsas cooperativas de transporte domiciliadas en nuestro territorio o que actúan en nuestra comunidad».
También valoran que es fundamental «la defensa y el apoyo institucional de las pequeñas y medianas empresas de transporte de mercancías de la CAV». En este sentido, opinan que su desaparición dejaría «desprovisto» de unos enlaces «necesarios y vitales» para la propia sociedad.
Por último, entienden que las instituciones públicas deben adoptar un compromiso de «no extensión del repago de las infraestructuras mediante peajes, viñetas o nuevas tasas a las carreteras que actualmente son de tránsito libre en nuestra comunidad». «Esto va a estallar si nadie pone remedio», añadió Carmelo González, de Sintrabi. J.B.
