No hace mucho tiempo decíamos los familiares de Víctor Manuel Pérez Elexpe, asesinado en Portugalete el 20 de enero de 1975 por el cabo de la Guardia Civil Narciso San Juan del Rey, que el camino a Estrasburgo sería penoso: un camino a recorrer en solitario y lleno de obstáculos; olvidados y humillados, como otros muchos, por parte de la Justicia española.

Pero llegaremos. No lo dudamos. Llegaremos con la conciencia tranquila, por haber defendido la inocencia de nuestro her- mano Víctor; llegaremos con el recuerdo imborrable de nuestro hermano Ignacio: «hay que hacer algo», repetía una y otra vez; llegaremos reconociendo el trabajo y tesón de nuestros padres por hacer justicia; llegaremos, habiendo servido de referente a nuestros hijos e hijas en la lucha por la verdad, la justicia, el reconocimiento y la reparación, en la lucha por la memoria de nuestro hermano asesinado.

Llegaremos, aunque no resulte fácil mantenerse firme actualmente, en este periodo de turbulencias en todos los ámbitos de la vida: político y judicial; económico, social y cultural; turbulencias que nos afectan a todos hasta en el ámbito familiar y perso- nal, cuyos responsables pretenden que perdamos la esperanza en un mundo mejor, que renunciemos a nuestros derechos y que claudiquemos.

En estos días de desesperanza y de desasosiego, han coincidido dos hechos que nos afectan a los hermanos y familiares de Víctor de manera singular. Dos hechos que refuerzan el pacto de olvido y de silencio hacia las víctimas del franquismo suscrito en el transición española. Pacto que pervive actualmente.

Por una parte, la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco nos ha remitido el Decreto 107/2012 de 12 de junio, conocido como de las víctimas de abusos policiales, con la información necesaria para que solicitemos, si lo creemos pertinente, el reconocimiento de Víctor como víctima de dichos abusos.

El Decreto, que tanto costó alumbrar y del que nadie se reconoce padre al cien por cien, considerado por algunos como el inicio del camino al reconocimiento, es una copia descafeinada de su borrador: ni se va a actuar de oficio para saber y dar a conocer la verdad de lo sucedido ni se va a ayudar a conseguirlo; ni se va a realizar justicia ni se va a ayudar a realizarla. Eso sí, después de tanto tiempo oyendo machaconamente que las víctimas de abusos policiales no nos podemos comparar en derechos, ni tan siquiera ni ética ni moralmente, con las llamadas víctimas de terrorismo, en la comisión ad hoc habrá «Una persona nombrada por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo», que pontificará sobre quién merece qué.

Después de décadas de olvido, nos proponen que iniciemos el camino, no sabemos a dónde. En ese decreto se nos considera víctimas de segunda categoría, sin los mismos derechos que las víctimas del terrorismo. Un decreto en el que se utiliza el término de víctimas de sufrimientos injustos [...] en el contexto de la violencia de motivación política para denominar eufemísticamente a las víctimas de los delitos de terrorismo de Estado cometidos durante el franquismo en el País Vasco o fuera, siempre que la víctima hubiese estado domiciliada en el mismo. Es, además de manifiestamente discriminatorio y humillante, insuficiente (el punto principal del decreto es el referente a las compensaciones económicas, significativamente menores que las otorgadas a las víctimas de terrorismo) y llega muy tarde en el tiempo: algunas víctimas ya han muerto sin ver reconocidos sus derechos; otros, víctimas, padres y madres o hermanos y hermanas de las víctimas de terrorismo de Estado, no vemos la luz al final del túnel y se nos propone que seamos pacientes y que no perdamos la esperanza, que sigamos caminando hacia la Tierra Prometida. Que es un primer paso, que habrá otros sucesivos. Sí, un primer paso, cortito, después de tantos años. Quizá no vivamos para dar el segundo paso. Dos varas de medir: una ley para las víctimas del terrorismo y otra ley para las víctimas de abusos policiales.

Por otra parte, unos días más tarde, hemos tenido conocimiento de la resolución desestimatoria de la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia del Recurso de Apelación presentado en los juzgados de Barakaldo, donde solicitábamos el reconocimiento de nuestro hermano como víctima de crímenes de lesa humanidad, encuadrando dichos crímenes dentro de los actos de terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.

La resolución dice que no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, que el hecho denunciado no encaja, según el Estatuto de Roma, en ninguno de los supuestos de crimen de lesa humanidad. Que se trata de un delito de asesinato, que el Código Penal español de 1973 castigaba con 20 años de prisión; pero que ya ha prescrito. Es decir, nos dicen que perdamos toda esperanza de hacer justicia, que el asesinato quedará impune; que Nar- ciso San Juan y otros muchos narcisos pueden campar a sus anchas, porque la justicia española los protege. Lo protegió en 1975, creyendo a pies juntillas su versión y culpando a nuestro hermano de su muerte. No investigaron lo sucedido aquella mañana ni durante las fechas anteriores al asesinato: el relato de Narciso y de sus colaboradores es falso, de principio a fin; lo protegió en 1977 no tomando declaración a los testigos; lo protegió durante todo el «incipiente periodo democrático español», ya que no era momento de hacer justicia; lo sigue protegiendo hoy en día, aduciendo que el delito ya ha prescrito casi hace 20 años al no tratarse, según la Audiencia provincial de Bizkaia, de un delito de lesa humanidad.

Los tribunales franquistas se debían hasta el año 1978 a las leyes que emanaban de las cortes franquistas. ¿Qué podíamos esperar de aquellos tribunales? ¡Culpabilización y humillación a las víctimas y loas a los victimarios! A partir de ese año, los tribunales constitucionales se han debido y se deben a la Constitución española y las leyes que emanan del Parlamento español, algunas de muy dudosa calidad democrática: Ley de Amnistía, Ley de Partidos... ¿Qué podemos esperar de los tribunales actuales? ¿Humillación y engaño a las víctimas y loas a los victimarios? Los tribunales actuales impiden juzgar a los responsables de los crímenes de terrorismo de Estado cometidos durante el franquismo y llevan al olvido a sus víctimas. Son dos varas de medir: una para las víctimas de terrorismo de Estado; otra para los responsables de dichos asesinatos.

No, no estamos igualando a las víctimas del terrorismo con los victimarios responsables del terrorismo de Estado. No vamos a pedir que no se reconozcan los de- rechos de dichas víctimas, aduciendo que podría suponer la legitimación de los asesinatos de las víctimas del franquismo. Pero tampoco vamos aceptar que nos exijan que renunciemos a nuestros derechos, argumentándonos que ello podría suponer la legitimación de los actos de terrorismo y la desacreditación de las fuerzas de orden españolas. No nos pueden pedir que aceptemos estoicamente las dos varas de medir, y no lo vamos a hacer.

¿No se dan cuenta los y las parlamentarias vascas que han impulsado este Decreto de que ello significaría dejar impunes las acciones de los terroristas de estado y los crímenes de lesa humanidad? ¿No se dan cuenta de que la no exigencia de la verdad, la renuncia a realizar justicia sin demora, significa olvidar las acciones de dichos terroristas y coadyuvar a su impunidad? Impunidad de terroristas, responsa- bles de crímenes espantosos y horrendos de terrorismo de estado. El peor terrorismo existente.

¿No se dan cuenta los partidos, PP y PSOE, y la Justicia española de que no anulando las sentencias del franquismo, y de que no juzgando a los criminales, están colaborando en una estrategia humillante para las víctimas de terrorismo de Estado, con lo que supone de doble victimización? Insistimos, el peor terrorismo del que podemos hablar.

Por todo esto, porque nuestro hermano es inocente, porque fue víctima de una estrategia de exterminio colectivo de todos aquellos que no pensasen como el régimen, iniciada en el año 1936 y que se extendió durante más de 40 años; por todo esto vamos a llegar a Estrasburgo, pasando por el trámite del Tribunal Constitucional español, que ya sabemos cómo se las gasta. ¿Hablamos de Miguel Hernández?

No vamos a claudicar. No vamos a aceptar una vara de medir que suponga humillación y engaño para las víctimas del terrorismo de estado y loas y vítores para sus responsables. ¿Será Estrasburgo? ¿O tendrá que venir la Justicia Argentina a sacar los colores a la democracia española?