Buenos Aires, octubre de 1977. Un grupo de mujeres desorientadas, angustiadas y rotas por el dolor se reconocen con una sola mirada en pasillos de comisarías, de ministerios, de hospitales... De ese cruce silencioso de miradas nació una organización que recorrió el mundo en busca de los casi 500 menores secuestrados por el andamiaje de la guerra sucia que impuso el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Algunas de aquellas abuelas tuvieron la dicha de conocer a sus nietos. Pero a la mayoría les tocó emprender una búsqueda a ciegas, imaginando cómo sería ese bebé arrebatado a su madre en el momento de nacer.

Aquellas madres y abuelas acaban de cumplir 35 con la alegría de haber encontrado, por sus propios medios, a 107 nietos, y con la satisfacción de ver condenada a la cúpula de la Junta Militar por el plan sistemático de robo de menores, una causa que comenzó a instruirse en 1996 a raíz de una querella interpuesta por Abuelas de Plaza de Mayo.

Pero pese a su tenacidad, a los juicios, a las elevadas condenas, a las campañas de divulgación y al impulso en materia de derechos humanos y de recuperación de la memoria histórica de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, los militares, la jerarquía de la Iglesia católica, los jueces de menores de la época, instituciones de índole religiosa ligadas al estamento militar que se hicieron cargo de muchos de esos niños y el personal médico que asistió a las detenidas-desaparecidas en sus partos en los centros de detención clandestinos o en hospitales siguen guardando silencio sobre el paradero de los nietos que aún viven con una falsa identidad.

Un silencio que no acaba de quebrarse, pero que tampoco ha podido acabar con estas mujeres a «quienes dejaron caminar porque siempre nos consideraron inferiores. El machismo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad es increíble. Cuando se dieron cuenta de nuestra lucha era tarde», recuerda Estela de Carlotto a propósito de este aniversario. Su voz seguirá viva mientras haya un hermano, un tío, un primo... y una sociedad que siga reclamando el derecho a saber.