Las tres diputaciones de la CAV y el Gobierno de Gasteiz celebraron ayer en la capital alavesa el último Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP) de la presente legislatura. Una reunión larga y convulsa, marcada por las diferencias vinculadas al reparto de las denominadas «vacaciones fiscales» vascas, declaradas ilegales por la UE.

En concreto, los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Javier De Andrés (PP), José Luis Bilbao (PNV) y Martin Garitano (Bildu) respectivamente, y los portavoces del Gobierno autonómico, encabezados por el consejero de Economía, Carlos Aguirre (PSE), discutieron durante más de seis horas sobre el reparto de los 309 millones de euros recaudados gracias a la devolución de las ayudas otorgadas a las empresas asentadas en la CAV durante los años 90.

Al final, la Diputación foral de Gipuzkoa y los tres representantes del Ejecutivo autonómico, partidarios del reparto del dinero, sumaron sus votos para sacar adelante su postura frente a los dos dirigentes forales de Araba y Bizkaia, contrarios a la utilización del mismo.

Así, las tres haciendas deberán entregar al Lakua 210 millones de euros (el 70% de lo recaudado). Sin embargo, no todas las diputaciones deberán aportar la misma cantidad, ya que la principal perjudicada es la Diputación de Araba, que este año ha recaudado 209 millones de euros por este concepto, cantidad que se rebaja a 80 millones en el caso de Bizkaia y a 20 en el de Gipuzkoa.

Tal vez por eso, De Andrés optó por comparecer en solitario tras la reunión. Ante los medios presentes en la sede del Gobierno, el diputado general criticó la decisión, y denunció que el Ejecutivo de Patxi López trató de utilizar la reunión del CVFP para «salvar» sus propias cuentas. Además, recordó que la devolución de las ayudas está pendiente de una resolución judicial, que puede obligar a las diputaciones a devolver a las empresas parte del dinero recaudado.

Por ello, el dirigente derechista apostó por esperar hasta que se conozca un fallo firme por parte de la justicia europea. En cuanto al destino del dinero recaudado, De Andrés se mostró partidario de revertir ese dinero en las propias mercantiles para generar actividad económica.

Asimismo, el diputado general de Bizkaia afirmó que con esta decisión el Gobierno en funciones trata de «maquillar o asear» sus cuentas antes de que finalice su mandato. Al igual que su homólogo alavés, Bilbao también advirtió que el reparto del dinero recaudado, 80 millones de euros en el caso vizcaino, puede acarrear «importantes prejuicios» si la justicia decide que las diputaciones deben devolver una parte a las empresas.

Por otro lado, el diputado general y la diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, explicaron que la institución foral votó a favor del reparto para poder utilizar ese dinero contra la crisis económica. En opinión de los dirigentes guipuzcoanos, que restaron importancia a la decisión que pueda tomar la Corte europea, en la actual coyuntura económica no tiene sentido mantener ese dinero «bloqueado».

En la misma línea, la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, y Aguirre mostraron su «sorpresa» por la postura de los diputados de Araba y Bizkaia porque la devolución del dinero recaudado por las «vacaciones fiscales» se había tratado con anterioridad y no había despertado controversias.

700 millones menos

Aparte de la discusión abierta por la devolución de este dinero, el CVFP dejó claro que el próximo Ejecutivo autonómico, que deberá ser designado durante los próximos meses, contará con 700 millones menos.

Según los cálculos realizados por los responsables de las tres haciendas forales, la previsión de ingresos para el presente curso fiscal se situará en 11.400 millones de euros, 700 millones menos de los previstos el pasado mes de febrero, cuando se anunció que las estimaciones de ingresos alcanzarían los 12.116 millones de euros.

A su vez, de cara al año 2012, los diputados generales de Araba Bizkaia y Gipuzkoa estimaron que en el año 2013 las haciendas de los citados herrialdes recaudarán 11.825 millones de euros. Esta previsión, que supone un incremento del 3,7% respecto a los ingresos del curso actual, no recibió el visto bueno del Gobierno autonómico, que decidió abstenerse por considerar que esta predicción es «más bien pobre».

En opinión del consejero Carlos Agirre, la cifra aportada por las instituciones forales no se adecua a la realidad, ya que, según sus estimaciones, la recaudación durante el próximo año podría superar los 12.650 millones de euros.