El grupo parlamentario Bildu Nafarroa ha presentado una moción para que la Cámara profundice en un nuevo modelo de actuación de lucha contra el fraude fiscal que esté caracterizado por por «la eficacia y la tolerancia cero al fraude fiscal y alternativo al de los sucesivos Gobiernos de UPN».

Para ello, Bildu considera necesaria la elaboración de un nuevo plan que contemple, entre otros, el diseño de una estrategia «con objetivos definidos, medibles y evaluables» en torno a la lucha contra el fraude, y doblar su presupuesto actual, así como el número de inspectores destinados a la lucha contra el fraude a lo largo de 2013.

Asimismo, Bildu ve necesaria la activación de mecanismos técnicos y humanos para aflorar determinados nichos de elusión fiscal, así como la creación en el Gobierno navarro de una Dirección General específica de Lucha contra el fraude.

En la misma moción, Bildu propone que el Parlamento muestre su posición contraria «a la asimetría e injusticia que genera la actual legislación que considera delito fiscal fraudes por año e impuesto de más de 120.000 euros».

Bildu recuerda que la propia Cámara de Comptos viene reflejando en sus informes «graves carencias del sistema de recaudación», así como «un número escandaloso e inaceptable de prescripciones» y la necesidad de fijar una estrategia ambiciosa con objetivos evaluables».

Propuesta del Gobierno

La propuesta de Bildu se produjo coincidiendo con la comisión parlamentaria en la que la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea, presentó la reforma fiscal que propone su Ejecutivo y que plantea un sistema de incentivos a las empresas para elevar la recaudación «a partir de la activación económica» y no a través de la tributación de las rentas más altas o el impuesto de patrimonio, como solicitan los grupos de la oposición.

Goicoechea dejó claro que la reforma que impulsa para la reactivación económica no se saldrá «de los márgenes que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de cumplimiento del objetivo de déficit».

Así, limitó las modificaciones a las áreas donde la comunidad «sí tiene capacidad de movimiento», como son el IRPF y el Impuesto de Sociedades, que suponen, respectivamente, 460 y 142 millones de euros. La consejera afirmó que la configuración actual de estas partidas «es heredera de un contexto económico y de una situación concreta que poco tiene que ver con la actual», por lo que defendió su modificación.

En concreto, propuso un nuevo régimen en el impuesto de sociedades e IRPF para emprendedores y, en cuanto al Impuesto de Sociedades, plantea modificar la Reserva Especial por inversiones y elevar del 45% al 60% el porcentaje de reducción de la base imponible para las empresas cuya cifra de negocio sea inferior al millón de euros.

Los grupos de la oposición consideraron poco realista el planteamiento del Gobierno de Navarra al considerar que no van a facilitar la reactivación económica y no creará empleo, con lo que las condiciones sociales se agravarán aún más. Incluso el PP dijo que es necesario subir impuestos.