El Gobierno español ha vetado más de la mitad de las consultas propuestas por instituciones vascas durante los últimos 15 años. En concreto, de nueve proyectos de referéndum solo fueron aceptados cuatro. Unas cifras similares a las del Estado español y que evidencian las reticiencias de Madrid a preguntar a la ciudadanía. Desde que se aprobaron las leyes 2/1980 (que regula la convocatoria de referendos sobre decisiones políticas de especial trascendencia, aprobación o reforma de estatutos de autonomía o modificación consitucional) y 7/1985 (que fija las bases de las consultas de ámbito municipal), se plantearon un total de 69 proyectos para preguntar a la ciudadanía. Únicamente 32 llegaron a celebrarse. El resto no fue autorizado por distintos ejecutivos, tanto del PP como del PSOE.

Estos datos se desprenden de la respuesta parlamentaria obtenida por Amaiur, que insta a Madrid a no poner «trabas a la democracia» y a «utilizar este instrumento para que la ciudadanía y las naciones puedan expresarse sobre futuro y cualquier cuestión que les afecte».

En concreto, el Gobierno español ha vetado cinco consultas de gran interés social. La primera que cita el informe es la denegación al alcalde de Trebiñu para celebrar en 1998 «una consulta referente a la solicitud o no de referéndum» para su inclusión administrativa en Araba. La consulta sí tuvo lugar, pese a no contar con el aval del Ejecutivo. El resto de casos son todos más recientes. En 2010 se prohibió una consulta en diferentes municipios de Araba y Nafarroa para decidir sobre la línea de alta tensión entre Gasteiz y Castejón y, en el mismo año, se vetó el referéndum convocado en Irurtzun sobre la construcción del TAV a su paso por Sakana.

Además, el informe hace referencia al veto del Tribunal Constitucional español de la consulta prevista para el 25 de octubre de 2008 por el exlehendakari Juan José Ibarretxe en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba sobre «normalización política».

Referéndums en Catalunya

Paradójicamente, la pregunta de Amaiur hacía referencia también a otras consultas que no hubiesen sido promovidas por instituciones. El Gobierno español asegura no tener constancia de su existencia, pese a que entre 2009 y 2010, casi un millón de personas tomaron parte en los referendos independentistas celebrados en Catalunya y que fueron amenazados desde la propia delegación, que los calificó de «ilegales».

Jon Iñarritu, diputado de Amaiur, denunció que el Estado español «en lugar de utilizar las consultas como instrumento democrático hace lo contrario», criticando las dificultades legales para llevarlas a cabo. «La legalidad debe de estar al servicio de la democracia», insistió.