Para final de mes, según las previsiones que barajan los responsables municipales, el Ayuntamiento de Urduña no podrá hacer frente a los pagos a sus proveedores y servicios. Tras analizar la situación en profundidad, Bildu -que gobierna ese Consistorio- ha elaborado un plan económico para reflotar esa institución local, una de las más endeudadas de Bizkaia tras años de gestión del PNV. En dos mandatos -ocho años-, advierten, el Ayuntamiento se ha «hipotecado para veinte».

Esa propuesta fue explicada el jueves por el equipo que lidera el soberanista Karlos Arranz al resto de grupos políticos y a la representación de los trabajadores municipales. El alcalde aportó todos los datos que pudo a sus interlocutores y espera abrir un espacio de negociación, especialmente con los empleados.

Ayer, antes de comparecer ante los medios de comunicación en Bilbo para dar detalles de la iniciativa, el Consistorio remitió una copia de su proposición al Departamento foral de Presidencia para que la analicen y respondan. «No les solicitamos una reunión -apuntó Arranz-, pero estamos abiertos a mantener cuantas conversaciones sean necesarias para aclararles el contenido de la propuesta. Lo que queremos, es que nos den una respuesta rápida, dado lo delicado de la situación en la que nos encontramos».

El primer edil aguarda una contestación de la Diputación, pues estima que la institución que preside José Luis Bilbao tiene una «gran responsabilidad» en la grave situación financiera de Urduña, ya que avaló grandes operaciones de crédito, «excepto las de la sociedad pública Urduñederra». «Lo conocían, no pueden argumentar desconocimiento», apostilla.

Arranz afirma que rechazan la propuesta foral, «que lo único que nos propone es subir el techo de endeudamiento. Es apagar el fuego con gasolina. Se trata -desvela- de solicitar un nuevo crédito a BBK y La Caixa, a un interés del 7%, que consideramos abusivo, y la función de la Diputación es de mero mediador en la operación».

Por el contrario, la propuesta de Bildu parte del análisis que hacen de las causas del endeudamiento, que sitúan en la «ausencia de una tutela foral efectiva, del fracaso en la gestión de los anteriores equipos de gobiernos liderados por jeltzales y la crisis estructural a consecuencia de la actividad de las entidades financieras».

A partir de ahí, las líneas en las que pretende trabajar el gobierno municipal es la presión fiscal; la reestructuración de la plantilla del Consistorio, adaptándola a las necesidades reales de la ciudad; y la reducción del gasto, con la línea roja del mantenimiento de los servicios sociales básicos, «sin destruir empleo y sin vulnerar los derechos de los trabajadores públicos».

Además, el equipo que lidera Karlos Arranz emplaza a la Diputación a que se «involucre» a través de su participación en el accionariado de la sociedad pública Urduñederra -que gestiona la Aduana, así como la promoción económica y la rehabilitación del casco histórico de la ciudad-, lo que supondría un desembolso «de cerca de 2,5 millones de euros».

Quieren que la institución foral les ayude a renegociar los préstamos que tienen con BBK y La Caixa, las mismas entidades con las que la Diputación quiere que el Ayuntamiento negocie nuevos créditos. «Nuestra postura es meridianamente clara respecto a este asunto, no estamos dispuestos a que esas entidades bancarias hagan negocio de la miseria, de ahí que les emplazamos a que reconsideren su postura y se impliquen en una negociación sincera».

Tras dar ese paso, el de la presentación de su plan económico, desde la coalición soberanista de izquierda apelan a la «responsabilidad» de las diferentes instancias implicadas para sacar adelante al Consistorio urduñarra, por una parte en la propia institución local -grupos de la oposición y comité de trabajadores-, la Diputación vizcaina implicándose en la renegociación de los créditos bancarios a los que ella dio el plácet en los anteriores mandatos y adquiriendo acciones de la sociedad municipal Urduñederra.