La muerte de Amaia tiene responsables. Con nombre y apellidos, con dirección social, con sucursales y hasta con grupos parlamentarios.

Estafar a una sociedad, saquear sus bienes, someterla a leyes injustas y sangrantes, conducirla a la angustia y empujarla al paso definitivo de la desesperación es terrorismo. Terrorismo de estado. Terrorismo de un estado fracasado que renuncia a atender los derechos más elementales de sus ciudadanos (vivienda, trabajo, sanidad, educación...) y los toma como rehenes en beneficio del lucro y la usura de grupos económicos y financieros. Un estado secuestrado por bandas organizadas que cotizan en bolsa. Les dicen mercados, pero son facciones criminales. Sobre sus espaldas cargan muertes como la de Amaia. Y las de tantas otras personas que se van en silencio y se confunden en una estadística cuyo crecimiento no hace sino delatar a sus verdaderos responsables.

El desahucio es solo uno de los eslabones de una cadena salvaje que comienza en abusivas condiciones de trabajo, que sigue en la losa de una hipoteca impagable, que se desespera con la precariedad y con la pérdida del empleo o la imposibilidad de pagar un aval familiar, y que revienta con el desalojo del único espacio vital de cobijo, el hogar.

Pero los canallas no descansan. Quienes han sido rescatados con dinero de todos para que sus negocios particulares vuelvan a tener obscenos beneficios persiguen todavía más allá a la víctima exhausta hasta el pago de una deuda ficticia de por vida. Más adelante solo queda la exclusión extrema, la violencia o una ventana abierta. Hemos alcanzado ya ese estadio.

El mismo día que se marchaba Amaia conocíamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera «ilegal» la normativa sobre desahucios porque no garantiza la protección eficaz de los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas de las hipotecas. Llega después de una advertencia similar de la ONU y en medio de una cascada de desautorizaciones del Gobierno español también por otras renuncias de derechos humanos y por el incumplimiento de tratados internacionales garantistas.

La muerte de Amaia tiene responsables. Con nombre, con dirección social, con sucursales, y hasta con grupos parlamentarios: sus secuaces ganan elecciones. Como un GAL financiero.