Los datos sobre las subvenciones percibidas por los sindicatos CCOO y UGT y la patronal Confebask por participar en foros como la Mesa de Diálogo Social o en el consejo de administración de Lanbide hablan por sí mismos. Tanto su cuantía como los motivos aducidos para concederlas y la forma en que se aprobaron son lo suficientemente elocuentes como para que los organismos concernidos se sientan, al menos, éticamente incómodos y socialmente interpelados. Pero, más allá de lo evidente, esos datos abren varias interrogantes sobre la propia función de los agentes, en especial, la de las centrales sindicales.

Porque, si ya es cuestionable que la asistencia a un número determinado de reuniones -bastante escaso, a la luz de los datos- sea motivo de subvención, más aun cuando los asistentes ostentan cargos remunerados en las organizaciones a las que representan, que son perceptoras a su vez de fondos públicos, y es escandaloso el montante fijado para cada organismo, que suma un total astronómico, es inevitable que se planteen dudas sobre si esas aportaciones pueden o no afectar a la independencia que se les presupone a los beneficiarios respecto de la administración pública. Cualquier ciudadana o ciudadano puede preguntarse si es posible que un colectivo mantenga inalterable su espíritu de lucha y su vocación de confrontación, a veces necesario, respecto a la institución que de forma directa y en cantidades tan generosas le está financiando.

¿Quién es capaz de enfrentarse a quien le subvenciona? Es una pregunta que pueden hacerse todas aquellas personas que creen que un sindicato debería anteponer el interés de los trabajadores a cualquier otra circunstancia y pelear por la clase obrera ante quien se oponga a sus derechos, también las instituciones. Esta pregunta no es, en sí mismo, un juicio de valor respecto a la actividad de esas dos centrales, pero el hecho de que mucha gente se la pueda estar haciendo debería ser motivo de reflexión para sus dirigentes.