La lucha social contra los desahucios continúa en las calles. Ayer, plataformas de afectados por la hipoteca presentaron en los juzgados de Hego Euskal Herria una Iniciativa Legislativa Popular que solicita la paralización urgente de los desahucios. La iniciativa se desarrolló simultáneamente en varias ciudades del Estado español.

En Bizkaia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios presentaron ante los Juzgados de Bilbo una ILP, avalada hasta la fecha por más de 600.000 firmas en todo el Estado, que propone una moratoria «inmediata» de «todos» los desahucios de viviendas de residencia habitual y deudoras de buena fe, la dación en pago con carácter retroactivo y un alquiler social de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras.

Tras una pancarta en la que se podía leer «No más Desahucios-Kaleratzerik ez», y junto a una decena de representantes del colectivo, la portavoz de Kaleratzerik Ez-Stop Desahucios, Begoña Barrutia, valoró como «insuficientes» las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno español en relación a los desahucios, ya que las consideran «discriminatorias», además de que «olvidan» que la vivienda es una necesidad básica «de todas las personas».

Barrutia manifestó que resulta «inasumible» una regulación con condiciones «tan restrictivas» porque «deja fuera» a la mayor parte del colectivo afectado por procesos de ejecución hipotecaria.

Además, alertó de la temporalidad de la medida, ya que aseguran desconocer «qué ocurrirá» tras los dos años de la moratoria decretada por el Gobierno del PP, y si esta generará un aumento de la deuda.

Ante la situación de emergencia que sufren los afectados, las plataformas presentaron una propuesta concreta en forma de ILP para la regulación de la dación en pago y por la paralización de todos los desahucios y en favor de los alquileres sociales.

Según las plataformas, en el Estado español «se viola sistemáticamente» el derecho a la vivienda, «sojuzgado por procedimientos judiciales que permiten los desalojos forzosos sin alternativa habitacional», algo que «contraviene» lo preceptuado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Asimismo, denunciaron la «condena a deudas perpetuas» derivada de los procesos de ejecución hipotecaria, que suponen «condenas a la exclusión social y a la pobreza», que conllevan, a su juicio, la «violación sistemática» de los derechos humanos que sitúan a los deudores en una situación de «total indefensión». Por ello, exigieron la «paralización inmediata» de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual con las que los bancos «siguen embargando las vidas de las familias a las que han echado de sus casas».

«Todas estas acciones están manchadas por un procedimiento injusto que está provocando un genocidio financiero y la muerte civil de cientos de miles de familias», criticaron.

Los desahucios siguen

A las dudas respecto a la utilidad de las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Rajoy, se une, según Barrutia, la continuación de los desahucios por parte de las cajas, a pesar de que la semana pasada la Confederación Española de Cajas anunció su paralización hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades.

Según la portavoz, los desahucios «siguen adelante» e hizo una llamada a todos los afectados por estos procesos a que se activen. Para ello, han puesto a disposición de las familias bajo la amenaza de un desahucio un modelo de escrito para ser presentado ante los juzgados en el que se solicita la paralización del proceso. El documento está consensuado con todas las plataformas de afectados por los desahucios del Estado, y ha sido trasladado a todos los Colegios de Abogados para ser facilitado a todos los afectados.

También en Iruñea, afectados por las hipotecas presentaron en el juzgado de primera instancia una docena de escritos de suspensión de sus procedimientos, al entender que se encuentran en situación de «absoluta indefensión». Está previsto que esta semana se sumen nuevas peticiones.

Personal de justicia

En Gipuzkoa, y fruto de una iniciativa acordada por los cuatro sindicatos con representación entre los funcionarios de Justicia (ELA, LAB, CCOO y CSIF), el personal de la Administración de Justicia del territorio anunció ayer que facilitará a los afectados por ejecuciones hipotecarias «todos los recursos que estén a su alcance» para mejorar su defensa en los procedimientos, así como los contactos con las plataformas Stop Desahucios.

Iñaki De la Torre, presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia, explicó que el personal facilitará a los afectados que se acerquen a una oficina judicial la información sobre el servicio de mediación así como el resto de recursos con los que cuenta para intentar paralizar el procedimiento.

Asimismo, colocarán en los palacios de justicia del territorio un cartel con los teléfonos de Stop Desahucios.

Mociones de Bildu y PSE

En el ámbito político, alcaldes del PSE presentaron ayer una declaración con casi una decena de medidas para luchar contra los desahucios, cuestión a la que -según opinaron- «la política y las instituciones tienen que poner freno».

Los alcaldes de Irun, José Antonio Santano, de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, y de Portugalete, Mikel Torres, hicieron pública esta propuesta, que se llevará a pleno en los ayuntamientos donde gobierna el PSE y donde tienen representación y se trasladará a Eudel y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Entre las medidas a aplicar desde los consistorios, apuntan las de «tomar iniciativas frente a las entidades que mantengan los desahucios, incluida la retirada de depósitos», la creación de grupos de trabajo para buscar alternativas para las familias desalojadas y orientar a quienes tienen problemas de pago de la hipoteca para que acudan al servicio de mediación del Gobierno de Lakua.

Además, piden al Gobierno español que modifique la Ley Hipotecaria y que se paralicen durante dos años todos los desahucios que entren dentro de lo recogido en el código de buenas prácticas de la banca, no solo para los casos que contempla el decreto del Gobierno de la pasada semana.

Al Ejecutivo de Gasteiz le instan a mejorar el servicio de mediación hipotecaria y «reforzar» la vivienda pública de alquiler social y a las diputaciones a que amplíen y coordinen sus políticas sociales referidas a vivienda.

Entretanto, Bildu presentó ayer un documento que llevará al Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz en el que pide el cambio de la normativa en materia hipotecaria y la suspensión indefinida de todos los desahucios, un llamamiento que dirige especialmente a Kutxabank. También propone que el Consistorio revise las relaciones con aquellas entidades que lleven a cabo desahucios y que no participe en ningún procedimiento de este tipo.