Enrique Goñi abrió ayer la puerta a un sucedáneo de comisión de investigación en el Parlamento. El exdirector general de Caja Navarra desde 2002 presentó un escrito a la Mesa para celebrar «sesiones de trabajo con diversas entidades e instituciones de nuestra Comunidad, al objeto de informar a las mismas sobre las principales decisiones tomadas por Caja Navarra durante el mencionado proceso de reestructuración y, en particular, sobre la integración de la entidad en Banca Cívica, la salida de ésta a Bolsa y su posterior fusión con Caixabank». Asegura que quiere celebrar una de esas sesiones informativas en la comisión que corresponda en el Parlamento.

Goñi dice que esta petición viene también avalada por los presidentes de la Comisión de Control en el periodo 2008-2012 (Yolanda Barcina y José Antonio Sarría) y de Auditoría (Luis Colina), además de los miembros la Comisión Ejecutiva (entre los que se encuentran Miguel Sanz y José Antonio Asiáin).

La petición es sumamente extraña, puesto que una de quienes están supuestamente instando esta comparecencia es la propia presidenta navarra. Resulta llamativo que, sin embargo, no se le mencione con nombres y apellidos en el texto. Además, el contexto en el que se produce no puede ser más contradictorio. En los últimos tres meses se ha solicitado en dos ocasiones que se creara una comisión de investigación, pero los votos de UPN y PSN lo han impedido. De prosperar la petición registrada, se crearía una especie de comisión de investigación descafeinada y habría que ver hasta qué punto los parlamentarios tendrían capacidad de interrogar a quienes acudan.

De otra parte, la petición se ha presentado después de que la Fiscalía navarra admitiera a trámite una denuncia formulada por UPyD por seis delitos, entre ellos la estafa, por la venta de acciones de Banca Cívica. De modo que, aunque no llegaran a buen fin estas comparecencias voluntarias, probablemente varios de los participantes tuvieran que declarar, pero ante la Audiencia Nacional, entre ellos Goñi y Asiáin.

Además de ello, cabe destacar que los servicios jurídicos del Parlamento siguen estudiando la posibilidad de que la Cámara de Comptos investigue las cuentas de la antigua caja que, actualmente, está en camino de convertirse en una fundación.