El interminable escándalo de Caja Navarra, que desgrana capítulos semana a semana sin interrupción, entró el viernes en vía judicial. No lo hizo por impulso de la Fiscalía, sino de la asociación ciudadana Kontuz, heredera de aquella acción popular que en los años 90 dio fuelle a la investigación del patrimonio ilegal de Gabriel Urralburu y de las cuentas suizas tituladas por Javier Otano. Ambos, como ahora Yolanda Barcina, presidentes del Gobierno navarro. Conviene recordarlo en un momento en el que, con casos similares pero «a lo grande», el Estado español se muestra ante el mundo como lo que realmente es: un sistema corrupto y clientelar, un Estado de Derecho formal sin base ni cultura democrática. Todo eso lo simboliza mejor que nadie un PP inmerso en la corrupción, con mayoría absoluta y ejerciendo una política vergonzante sin oposición.

Pese a la abrumadora sucesión de escándalos en Nafarroa (lavado de dinero negro, dietas ocultas, indicios de información privilegiada y nepotismo, evaporación fáctica de una caja de ahorros y el esperpento final del sobre en la rendija...), conviene recordar también que no es la primera vez que algo así salpica a los mandatarios navarros y pone al herrialde en primera plana informativa. Y no precisamente porque como predijera William Shakespeare «Navarra será el asombro del mundo», sino por algo bastante más «mundano»: la corrupción.

20 años, mismo establishment, misma alternativa

El encarcelamiento de Gabriel Urralburu el 1 de diciembre de 1995 supuso todo un terremoto político y social en Nafarroa; no en vano había sido presidente del Gobierno navarro durante ocho años (1983-1991) y líder del PSN desde su fundación hasta 1994, cuando fue relevado precipitadamente ante las primeras sospechas. Aquel caso fue la primera demostración palpable de que el estatus de la autonomía uniprovincial e incluso el enfrentamiento armado (la polémica autovía Irurtzun-Andoain fue una de las que deparó comisiones ilegales a Urralburu) habían rentado pingües beneficios a sus máximos defensores. Sin embargo, conviene recordar también que aquella conmoción no se tradujo en un cambio de fondo en el herrialde, sino más bien al contrario. UPN gestionó la primera gran crisis de la Nafarroa del Amejoramiento con comodidad. No le costó siquiera sacudirse de encima el gobierno tripartito (PSN-CDN-EA con el apoyo externo de IU). Recuperó el mando en plaza, echó un cable al PSN para evitar que se hundiera y cerró filas en torno a sus propias sospechas de corrupción, denunciadas desde el mismo seno del partido.

En definitiva, el sistema quedó apuntalado y así han pasado 20 años más, casi una generación. A los abertzales, la única opción de cambio, aquella coyuntura les pilló con el pie cambiado, en un momento en que la crudeza del conflicto político lo condicionaba todo. Entre las distintas formaciones ni siquiera había sintonía en cuestiones mínimas como la mejor forma de lograr una educación en euskara en la «zona no vascófona». Las mismas discrepancias afloraron cuando Otano propuso el Órgano Permanente de Encuentro entre los gobiernos de Iruñea y Lakua, que al final además se convirtió en el detonante del contraataque de UPN. En definitiva, el sistema se tambaleó por vez primera, pero por estas y otras muchas razones no hubo una alternativa sólida. La pulsión social que sí se manifestaba en luchas como la insumisión no se operativizó en términos políticos e institucionales.

Durante la última década la cosa se enfangó aun más a raíz de las ilegalizaciones. No obstante, el conocido como «agostazo», en el que Ferraz decidió que el PSN debía priorizar la razón de Estado al deseo de cambio de la ciudadanía navarra -y a sus propios intereses-, dejó algunas lecciones. Por ejemplo, que el cambio debe basarse en una alternativa política y social asentada en la sociedad navarra, no en una alternancia institucional que dependa de decisiones tomadas en despachos de Madrid.

Mejores condiciones, mayor responsabilidad

Las condiciones son mucho más propicias ahora. El marco político aparece mucho más desgastado en todos los territorios vascos, también en Nafarroa. El concepto de que la ciudadanía navarra no decide ha dejado de ser un lema difuso para convertirse en una realidad constatable día a día, tanto para cobrar la extra como para definir el currículum educativo. Por otro lado, el nuevo ciclo político, con el final de la lucha armada como expresión más clara, allana el camino a alianzas políticas y sociales. EH Bildu es un buen ejemplo de que es posible entablar unidades de acción potentes y eficaces para un cambio real, y las colaboraciones con fuerzas como Geroa Bai, IUN e incluso el PSN son mucho más factibles. Y, sobre todo, la brutal crisis económica ha resquebrajado el espejismo de la Nafarroa próspera y autosuficiente. Entre los cristales rotos se ven cada vez más claros los intereses políticos -también personales- que subyacían en la partición territorial y que en su día solo reconocieron algunos militares lenguaraces que alertaban del riesgo de que una Euskal Herria independiente tuviera kilómetros de frontera con el Estado francés. Falta saber si el Estado acudirá esta vez al rescate de ese modelo de Nafarroa que se tambalea, al que en realidad ya ha sostenido con el apaño milmillonario del IVA de Volkswagen. En todo caso, ni así es viable ese modelo.

Por todo ello, las condiciones -y las sensaciones- para el cambio son históricas. Enfrente, el tiempo ha multiplicado los intereses pero agrietado las certezas. Quienes quieran liderar ese cambio saben que no caben estrategias de suma cero; necesitan planteamientos en los que todos ganen. Si no, perderán los navarros, Nafarroa y todo el país.