En época de crisis, ¿los derechos laborales y sociales salen perjudicados? Es un debate que se aborda La revista «Lan Harremanak» editada por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV-EHU, bajo la dirección actual de Nieves Arrese, profesora de Derecho Administrativo. Advierte, no obstante, que la idea de este número ya estaba decidido «con anterioridad a la ola de recortes que está acometiendo el Gobierno del Estado español». Sin embargo, la realidad está demostrando que los gobiernos en general, incluso de signo contrario, no actúan en defensa del débil en una situación de crisis, como debiera presuponerse. Ceden al poder económico y empresarial.

El caso del Estado español es claro, también en Grecia o Portugal. Las dos reformas laborales aprobadas en el plazo de quince meses y la reforma de las pensiones, que está pendiente de una nueva redacción en la que el Gobierno español del PP trabaja para aplicar nuevos recortes, han generado mayor desempleo, más desigualdad social y aumento de la pobreza, porque los recortes han caminado de manera conjunta con una reducción presupuestaria que han ahogado a la población, en vez de haberse convertido lo público en un salvavidas.

Así, la realidad muestra que en Hego Euskal Herria el desempleo ha aumentado en cinco años un 119,55%, hasta los 230.878 parados, con una tasa de paro del 17,37%. Los problemas de ausencia de bienestar y aumento de pobreza han crecido en un 170% en este espacio de tiempo. El paro entre los jóvenes menores de 25 años ha aumentado en Hego Euskal Herria en un 110,26% y uno de cada dos jóvenes en edad de trabajar no tiene un puesto de trabajo. Casi el 50% de los desempleados tampoco tiene prestaciones económicas a las que acogerse.

Estos días atrás el Gobierno español ha acordado con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme una batería de 100 medidas para impulsar el trabajo de lo más jóvenes. El comunicado que realizó el Ministerio español de Empleo y Seguridad Social fue, incluso, distribuido por las centrales sindicales. No se conocen al detalle las medidas, pero van a ser un trasvase de 3.500 millones hacia los empresarios por contratar «por poco dinero y en condiciones de precariedad». Este viernes algunos representantes sindicales de los que aparecieron en la foto con Juan Rosell y la ministra española Fátima Báñez empezaron a «recular» sobre esas medidas.

«Reparto no equitativo de la crisis»

El profesor Mikel Urrutikoetxea subraya en su aportación a la revista «Lan Harremanak» que «la manera de actuar y la retórica empleada» para justificar las reformas acomedidas por el Gobierno del PP, pero antes por el Gobierno del PSOE, «esconden un reparto no equitativo de la crisis». Porque en este quinquenio de profunda crisis económica, los beneficios empresariales han aumentando respecto al quinquenio anterior, que fue de expansión económica.

Las razones de este desequilibrio son claras: se ha expulsado del mundo del trabajo a 171.700 ocupados y el paro ha aumentado en 125.720 personas. En este espacio de tiempo crecieron en un 115,62% los expedientes de regulación, que son un alivio para las empresas dado que una gran parte del salario lo pagan las arcas públicas gracias a las cotizaciones sociales, y aumentaron un 47,87% los despidos por la vía de expedientes de rescisión. En cambio, los salarios han caído por debajo de la inflación, lo que es motivo de alegría entre los empresarios. De esta manera, las empresas «han aligerado mucho» las mochilas que llevaban: menos salarios y despidos, los que han querido. Todavía este año se mantendrá. Entre 2008 y 2012, las empresas formalizaron 135.538 contratos de trabajo menos y firmaron 40.767 contratos indefinidos menos. No es una reducción exagerada en plena crisis económica. Es una muestra directa del camino que han emprendido los empresarios: contrataciones precarias a un menor coste económico para obtener más beneficios. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las contrataciones lo son por 21 días (tres semanas).

En la revista la profesora Olga Fotinopoulou analiza «la potenciación de los sistemas extrajudiciales de conflictos en el seno de las últimas reformas», mientras que el profesor Juan Hernández critica «el fundamentalismo capitalista, cuyo máximo exponente, el mercado sin límite, está afectando sustancialmente al papel del Derecho, y como consecuencia de ello, a los derechos sociales de la ciudadanía».