Mirar al futuro, no al pasado», «lograr grandes acuerdos de país», «atender a la pluralidad de la sociedad», «no conformar frentes»... Esos lemas fueron repetidos durante la última campaña electoral por los candidatos de PNV, EH Bildu y PSE. Todo el mundo sabe que lo dicho en campaña electoral tiene un valor relativo, algo que es incluso lógico dado que los resultados no suelen dar margen para llevar a cabo un programa determinado tal y como estaba diseñado y obligan a acuerdos, lo que por definición rebaja esos objetivos partidarios. Esta es, para bien y para mal, una característica de la democracia representativa y parlamentaria. Lo que no resulta aceptable es que, nada más empezar una legislatura, los que defendieron en campaña ese espíritu como una nueva base desde la que construir un nuevo tiempo político se dediquen a obstruir la opción de acuerdos.

Si algo sostuvieron los grandes partidos vascos durante la campaña a las elecciones al Parlamento de Gasteiz es que, más allá de las legítimas diferencias y de los posibles acuerdos, todos iban a buscar acuerdos de país en los asuntos críticos que en este momento afectan a la ciudadanía vasca, a saber, crisis, paz y marco político. Dada la historia reciente, nadie podía esperar magia, pero sí una clase política a la altura de la situación.

La semana ha dejado en Gasteiz tres claros ejemplos de que, de momento, ese espíritu de acuerdo no se impone (es más, se sabotea): la Ponencia de Paz, diferentes declaraciones sobre la cuestión de las infraestructuras y el debate sobre fiscalidad. La beligerancia contra EH Bildu por parte de PNV y PSE en el debate parlamentario sobre la Ponencia de Paz muestra la querencia a viejos esquemas. La respuesta de la coalición ha sido muy positiva -la cerrazón de PP y UPyD facilita ver ese valor-, pero la dialéctica no ha sido precisamente constructiva y, a medio plazo, supone un riesgo para el objetivo de lograr acuerdos de país en este y en otros terrenos.

En la cuestión de las infraestructuras, la capacidad de abstracción que muestran los responsables del PNV en temas como el TAV o la incineradora en Gipuzkoa resulta sorprendente en dos sentidos. Por un lado, no tienen en cuenta ni la falta de recursos ni la nula viabilidad de dichos proyectos. Por otro lado, choca con proclamas como la de «es momento de invertir en personas, no en infraestructuras». A todo ello hay que sumar falsos debates en clave provincialista o incluso localista, que resuenan más a querellas deportivas mal entendidas que a una política seria.

No cabe duda, asimismo, de que el objetivo de primar a las personas pasa por mecanismos como una fiscalidad más progresiva, algo a lo que de momento es renuente el PNV, que se apoya sistemáticamente en el PP en todo lo que suponga dar pasos hacia una sociedad en la que se contribuya más justamente y la riqueza se reparta mejor.

Escándalos a la altura del nivel general

En Nafarroa, la cúpula de UPN se asemeja a la casa de las dagas voladoras y las nuevas revelaciones sobre CAN demuestran hasta qué punto el modelo de la Navarra foral y española, con su razón de estado, su discurso antiterrorista y su «amenaza» de la injerencia vasca, era para algunos una tapadera para el desfalco y el clientelismo. Urge la alternativa.

En Ipar Euskal Herria, por otra parte, es probable que la noticia de que el Gobierno del PP presionó al Ejecutivo de Hollande para vetar a la senadora Frédérique Espagnac por su apoyo al diálogo político haya reforzado aún más la idea de que en la cuestión vasca no se puede aceptar nunca más el dictado de Madrid, como históricamente han hecho los mandatarios franceses.

Se trata de escándalos que en lugares con un mínimo de cultura democrática devendrían en dimisiones o incluso en ceses fulminantes. Nada de esto cabe esperar ni en el caso de los mandatarios españoles ni en el de sus satélites vascos.

Cálculos en positivo

Durante años una de las razones para no lograr acuerdos en los temas centrales para el país ha sido el cálculo de una o algunas de las partes sobre qué escenario quedaría a raíz de esos posibles acuerdos. Por poner el caso más evidente, el de la resolución del conflicto, repetidas veces acuerdos que parecían hechos han quedado en agua de borrajas por el miedo paralizante de alguna de las partes al qué ocurrirá si se implementa dicho acuerdo. Es decir, existía la duda de si, como consecuencia de unos acuerdos que en principio se consideraban positivos para la sociedad vasca, la posición de poder propia se vería debilitada y se favorecería al adversario. Ante ese dilema, hay quien a preferido no jugar a arriesgarse a perder.

Son esas inercias las que debe cambiar la clase política. En contra de lo que sostienen algunos, no todos los políticos son iguales, claro que no. Pero cada vez está más claro que esos que no son iguales van a tener que agudizar el ingenio no solo para demostrar que otra política es posible, sino para lograr romper la mediocridad, el parroquianismo, el cortoplacismo y el revanchismo que transmite una gran parte de la clase política vasca. Solo lo podrán lograr si esos movimientos sociales que irradian indignación se constituyen en una sociedad civil vibrante y con visión estratégica, y juntos hacen fuerza común en un cambio necesario.