Diego Torres aseguró ayer ante el juez que instruye el «caso Nóos» que la Cristina de Borbón y la Casa Real española estaban al tanto de todas las actividades del Instituto Nóos porque su exsocio Iñaki Urdangarin les informaba, aunque defendió que todas las actuaciones realizadas en esta entidad eran legales.

En el «caso Nóos» se investiga el presunto desvío de unos 6,1 millones de euros de las administraciones balear y valenciana al Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007.

Torres afirmó que la esposa de Iñaki Urdangarin tenía el mismo nivel de responsabilidad en la toma de decisiones que el resto de miembros de la junta directiva del instituto ahora bajo sospecha y no dejó de implicar a la Casa Real española en las actividades del yerno del rey y de sí mismo. Indicó que su exsocio solía «consultar» con su esposa las actividades que se llevaban a cabo y que, por tanto, ella estaba al corriente.

Fuentes jurídicas indicaron a Efe que Torres explicó al juez que tanto Cristina de Borbón como el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, conocían todo lo que se hacía en el Instituto Nóos, como el resto de los miembros de la junta directiva de dicha entidad, que aportaban según sus conocimientos.

La defensa del exsocio de Urdangarin entregó al juez correos electrónicos y documentos sobre la gestión del Instituto Nóos con la intención de poner de manifiesto que tanto Cristina de Borbón como García Revenga intervenían en la toma de decisiones.

Durante siete horas de declaración, Torres se refirió también en varias ocasiones al abogado José Manuel Romero, asesor jurídico de la Casa Real y conde de Fontao, quien recomendó a Urdangarin en 2006 que evitara tener un papel protagonista en la actividad pública del Instituto Nóos.

Según el exsocio del yerno del rey español, Romero diseñó una estrategia para que Urdangarin no figurase públicamente en las actividades del Instituto Nóos ni en la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, que sucedió a dicha entidad.

Torres también declaró que el primer gran negocio del instituto, la celebración del foro deportivo Valencia Summit, fue gestionado durante una reunión celebrada en el palacio de La Zarzuela con el expresident de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa de València, Rita Barberá.

Precisó que la reunión en la residencia de la familia real española para negociar el Valencia Summit, en la que dijo que no estuvo presente el rey, tuvo lugar en marzo de 2004, según informaron a Efe fuentes jurídicas. Camps tildó de «falso» lo afirmado por Torres.

El encuentro sobre deporte se celebró en 2004, 2005 y 2006 en València y el Instituto Nóos recibió por ello fondos públicos que la Fiscalía Anticorrupción considera injustificados.

Presiones

Además, aseguró que recibió presiones de la defensa de Urdangarin para que asumiera toda la responsabilidad de la gestión de esta entidad, y a cambio tendría trabajo asegurado, le pagarían su defensa y no le faltaría nada.

En concreto, la propuesta le fue formulada, según su testimonio, en el despacho de su propio abogado, Manuel González Peeters, por parte del defensor de Urdangarin, Mario Pascual Vives, algo que este negó rotundamente al salir del juzgado y adelantó que estudiará acciones jurídicas contra él, además de mostrarse convencido de que Cristina de Borbón no será imputada en esta causa.

Torres señaló, además, que la Casa Real medió para que Urdangarin fuera contratado por una fundación para la que trabaja Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, la aristócrata alemana a la que atribuyen una estrecha relación con Juan Carlos de Borbón.

Por otro lado, negó haber incurrido en un delito fiscal al ser interrogado por el presunto impago del impuesto de sociedades al que Nóos debía hacer frente en 2007, según señalaron fuentes jurídicas a Europa Press. De hecho, sostuvo que todas las facturas que dedujeron ese año a Hacienda respondían a servicios reales, si bien no supo concretar a qué trabajos hacían referencia.

Se trata de una línea de investigación en el marco de la cual la Fiscalía imputa tanto a Urdangarin como a su exsocio un delito contra la Hacienda Pública por el impago de 230.979 euros del Impuesto de Sociedades y dos por eludir el pago de dos cuotas superiores a 120.000 euros del IRPF en el caso del yerno del monarca español.

Tras su declaración, compareció su esposa, Ana María Tejeiro, responsable del área jurídica y fiscal del Instituto Nóos, quien dijo desconocer su actividad.