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El Gobierno búlgaro dimite tras la revuelta por el coste de la electricidad
El primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, presentó ayer ante el Parlamento la dimisión de su Gobierno después de diez días de intensas protestas populares por la carestía de la electricidad y contra la pobreza en el país. Esta renuncia abre las puertas a la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en primavera tras la negativa de los principales partidos políticos a formar un Ejecutivo de transición.
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GARA | SOFÍA
«Tenemos dignidad y honor. El pueblo nos confió el poder y hoy se lo devolvemos», declaró Boiko Borisov al anunciar la dimisión en bloque de su Gobierno a consecuencia de las masivas protestas que se han producido desde hace diez días en el país contra las políticas de austeridad y, sobre todo, contra el aumento de las tarifas eléctricas, que en enero se duplicaron con respecto al mes anterior.
Borisov subrayó, en una carta abierta, que «no puedo participar en un Gobierno bajo cuyo mandato la Policía está golpeando al pueblo».
«A partir de hoy el Gobierno no tiene nada que hacer. Cada gotita de sangre para nosotros es una mancha. No puedo ver un Parlamento rodeado por vallas», señaló Borisov en su misiva en alusión a los heridos en las manifestaciones celebradas en varias ciudades estos dos últimos días.
Entre el martes y ayer, al menos 28 personas resultaron heridas solo en Sofía, la capital, durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Pero, además, un joven falleció el martes tras inmolarse en un paso de peatones de la localidad de Veliko Tarnovo y un segundo hombre, de 36 años, resultó ayer herido de gravedad al prenderse fuego frente al Ayuntamiento de Varna y sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo.
Decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en una veintena de ciudades búlgaras contra la última subida de las tarifas eléctricas y para reclamar la renacionalización de las compañías energética extranjeras que operan en el país.
Borisov trató de calmar el malestar en la calle forzando el lunes la dimisión de su ministro de Finanzas, Simeon Dyankov.
«Adiós Dyankov, el próximo es Borisov», fue el lema de los manifestantes el lunes.
Ante la evidencia de que la partida de Dyankov no calmó las aguas, Borisov salió el martes al paso con multas a las tres distribuidoras de electricidad extranjeras a las que recomendaba anular la subida del precio del 13% que entró el vigor en agosto y anunció la revocación de la licencia a la checa CEZ.
El precio de la electricidad es especialmente sensible para los búlgaros, especialmente en invierno, cuando una factura cuesta una media de 350 euros al mes, lo mismo que el salario medio en Bulgaria.
Posibles elecciones anticipadas
En su renuncia, Borisov no hizo referencia a un eventual adelanto de las elecciones legislativas previstas para el 7 de julio, pero la puerta quedó abierta después de que los principales partidos se negaran a formar un Gobierno de transición hasta entonces y también integrar un Gobierno técnico designado por el presidente, Rosen Plevneliez.
El partido de Borisov, el GERB, que cuenta con 117 diputados -a los que aconsejó dimitir- y la principal fuerza de la oposición, el Partido Socialista Búlgaro (BSP, 40 diputados) descartaron integrar un Ejecutivo de transición.
El Movimiento de Derechos y Libertades, partido de la minoría turca (37 escaños), abogó por un Gobierno interino y elecciones anticipadas el 28 de abril.
«Las elecciones interesan al GERB», que se arriesga a una grave pérdida de popularidad hasta julio, indicó Dimitar Avramov, experto el Ciencias Políticas.
Según un sondeo de Gallup, Borisov y el líder del BSP, Serguei Stanichev cuenta con el 29% de aceptación y ambos partidos tienen también idéntico porcentaje en intención de voto, el 22%.
El politólogo de Gallup Andrey Raytchev considera, por otra parte, que «el próximo Gobierno no durará más de dos años», porque impulsará reformas indispensables pero muy impopulares que el GERB ha evitado. Entre ellas, una reducción del número de hospitales y de universidades y un nuevo aumento de la edad de la jubilación.
El Gobierno de Bulgaria ha sido arrinconado y obligado a dimitir por la creciente ira de los ciudadanos debido al encarecimiento de la electricidad, pero las raíces del malestar son más profundas, ya que se une al descontento por el bajo nivel de vida y los altos índices de corrupción, el más pobre de la Unión Europea. El presidente, Rosen Plevneliez, cita, entre los factores más desestabilizadores, los bajos sueldos, el elevado desempleo y la percepción popular de que no impera la justicia.
«Somos testigos de cómo el frigorífico ha anulado al televisor», declaró el politólogo Arman Babikyan a la agencia BGNES, en alusión a que las dificultades de la población para afrontar los gastos cotidianos contrastan con las informaciones en televisión sobre el éxito de la política económica del Gobierno dimisionario.
El Gobierno no ha dejado de destacar el supuesto mérito de mantener la estabilidad fiscal y la baja deuda del país. El propio Plevneliev, hace apenas dos meses, se mostraba en declaraciones a Efe orgulloso de las cifras macroeconómicas -un déficit menor al 2% y una deuda del 16% del PIB- logradas con una estrategia de ahorro en los últimos cuatro años.
Pero esa política ha empeorado el bajo nivel de ingresos, pensiones y gasto público y así, el salario medio ronda los 350 euros, el mínimo es del 155 euros y las pensiones rondan los 75 euros.
La víspera de la renuncia de su Gobierno, Borisov descartó su dimisión al tiempo que aseguraba que lo haría si la calle seguía exigiéndolo.
Dijo no importarle si concluía o no su mandato -le quedaban cuatro meses-. «A mí me importa que en los últimos años mi Gobierno garantizó una estabilidad financiera y evitó escenarios como los de Grecia o España», había señalado el martes. Vladislav PÚNCHEV | AFP
El Parlamento votará hoy la dimisión del Gobierno. Si es aceptada, el presidente deberá encargar la formación del Gobierno hasta tres veces. Si los tres intentos fracasan, disolverá el Parlamento, convocará elecciones anticipadas y designará un Ejecutivo interino encargado de preparar los comicios, que podrían ser en abril.